Los señalamientos en su contra hablan de que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte incurrió en las mismas conductas delictivas de sus antecesores en el cargo, al propiciar o directamente permitir la expedición de permisos apócrifos que eventualmente pueden convertirse en concesiones del servicio público que le toca tutelar.
Aunque la novatez de los legisladores limita el alcance de lo que el Congreso puede hacer ante estas anomalías, lo cierto es que existen elementos para iniciar investigaciones serias sobre el mal uso de las atribuciones del secretario, que para colmo recientemente le fueron incrementadas.
El transporte es uno de los quebraderos de cabeza de los ciudadanos y de las autoridades, a lo largo y ancho de la entidad.
El secretario y sus antecesores hicieron poco por mejorar el servicio, pero nunca dejaron de cobrar puntualmente sus elevados sueldos.
Esperemos que todos sean llamados a cuentas.
