La ex titular del Instituto de la Mujer, recién destituida por la nueva legislatura, ha emprendido una campaña nacional de defensa de su permanencia en la citada institución, bajo argumentos falsos que buscan soslayar la verdadera causa: la imposición de incondicionales en cargos destinados a permanecer inamovibles en el próximo sexenio.
Efectivamente es necesario –urgente- nombrar a una nueva titular en ese cargo para reactivar los programas oficiales a favor de la mujer, pero debe hacerse sin violar principios básicos ni intentar colocar a gente sólo por amiguismo o complicidad.
La anterior legislatura buscó colocar a figuras del régimen que está por finalizar en posiciones intocables para el nuevo gobierno. Las circunstancia legales específicas permitieron corregir ese exceso en el Instituto de la Mujer y en el IMIPE, pero aún falta hacerlo en la fiscalía general, en diversas fiscalías y en otros cargos.
Sin embargo, engañar a representantes de otras instituciones con información incompleta o descontextualizada habla de la perversidad con la que se ha intentado tejer una red transexenal de dominio y protección.
