La revisión de las condiciones de seguridad de los negocios que operan en Morelos pasó de ser una medida precautoria a un acto recaudatorio que afecta la economía de los empresarios de todos los niveles.
Un negocio pequeño debe pagar dos mil pesos sólo por obtener el visto bueno del área de protección civil para poder pagar su permiso de funcionamiento, un costo que suena exagerado, ya que debe hacerse cada año.
Definitivamente se debe garantizar la seguridad, pero esa medida se ha convertido ahora en un trámite más que lastra la competitividad, cuando debería ser gratis, por el fin que persigue.
No es lo mismo aplicar multas por incumplimiento que en la práctica “sancionar” sólo por verificar el acatamiento de las obligaciones.
