No sorprenden las revelaciones sobre las anomalías encontradas en el DIF estatal: anunciar programas terminados pero que nunca llegaron a sus beneficiarios, o los pagos por encima del tabular ya son cosas de escándalo, pero que hayan existido  noventa empleados con trato especial en ese organismo habla de una nómina muy inflada.

Lo sorprendente es que el fiscal anticorrupción no haya visto nada, sobre todo porque ese señor desempeña tal cargo desde hace más de tres años.

La mitad del sexenio de la corrupción ese fiscal no percibió ni siquiera indicios  de cómo se manejaban los recursos públicos del estado de Morelos.

Juan Salazar Núñez evidentemente no merece cobrar lo que cobra. El dinero que recibe es de los morelense pero en realidad sólo sirve para dañar más aún a la entidad.

Eso es una vergüenza.