De grave puede calificarse el ataque que un grupo de taxistas realizó en contra de varios supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte que se disponían a sancionar a un vehículo que carece de permisos para operar.
Sabedores de lo que compraban, miles de ciudadanos adquirieron permisos para dar el servicio de taxi hasta el 30 de septiembre de 2018.
Los documentos –cuya expedición tenía dudosos fundamentos- tenían claramente marcada la fecha en que expiraban, pero sus poseedores tuvieron la esperanza de convertirlos posteriormente en una concesión, o sea, una licencia definitiva.
Ahora han llegado a usar la fuerza para amparar su ilegal servicio, pero al hacerlo han caído en conductas delictivas.
