El embarazo entre adolescentes es un problema de salud pública que trasciende al momento actual, pues sus secuelas persisten en el tiempo, lo que obliga a frenar una situación tan grave.
Los estudios disponibles que una mayoría de esos embarazos son producto de relaciones forzadas, lo que complica más el escenario.
Las niñas que deben afrontar la maternidad forzada carecen hoy del suficiente apoyo emocional y formativo, por lo que se debe trabajar en el asunto.
Y no se trata de dedicarse solo a la educación sexual, sino a crear los mecanismos que disuadan las agresiones en general y las de tipo sexual contra las menores de edad en lo particular.
La sociedad morelense debe lidiar todos los días con ese problema pero resulta tan invisible que se deja pasar.
Tipificar como un delito el embarazo adolescente puede ser un paso en la dirección correcta, al hacer notorias las consecuencias de conductas en contra de las niñas, pero adicionalmente hay más medidas que pueden adoptarse.
