El problema no es desconocido pero nos hemos acostumbrado a vivir con él: la cifra de personas desaparecidas es escalofriante, pero hasta ahora los esfuerzos por dar con su paradero han sido limitadas o nulas desde las instituciones y el gran esfuerzo ha quedado bajo responsabilidad de las familias afectadas.
No sorprende que la cifra de personas cuya ubicación se desconoce sea en Morelos de al menos dos mil, ni resulta novedoso que permanezcan por años en esa condición, pese al enorme daño social que eso significa.
Una persona desaparecida no está ni muerta ni va para sus seres queridos y el profundo vacío que deja genera enormes conflictos en las personas que le son cercanas.
Esperemos que la institucionalización de la búsqueda de personas desaparecidas contribuya a abatir este fenómeno y además propicie que los responsables de crímenes de esa naturaleza reciban el castigo que merecen, conforme a la ley.
