La denuncia hecha ayer en torno a supuestas agresiones de ejidatarios de San Gaspar, municipio de Jiutepec, en contra de compradores de casas de esa zona se enmarca en la situación que se vive también en diversas zonas de Huitzilac y otros puntos del estado.
Amparados en usos y costumbres, pero principalmente en la fuerza, se ha vuelto una práctica incitar a la compra de terrenos en zonas de propiedad social -ejidos y comunidades- para después proceder al despojo.
Ese es una de las granes manchas que padece la entidad y que no ha podido ser erradicada.
La inseguridad jurídica ha frustrado enormes inversiones, pero también pone en peligro a decenas de personas que se atreven a defender su patrimonio.
La impunidad no puede ser la respuesta, aunque tampoco alguna acción punitiva que no se sustente en el conocimiento exacto de lo que ocurre en cada uno de los puntos en conflicto.
