Desafortunadamente, quienes pretenden alterar la voluntad popular expresada en las urnas apuestan a que el anonimato de las masas permitirá dejar impunes los delitos que han cometido o piensan cometer.
La agresión contra las instalaciones donde se ubican los comités electorales distritales y municipales debe considerarse un ataque a los funcionarios que tienen a su cargo esos inmuebles. No es un edificio lo que atacan, sino a personas y a instituciones.
El uso de la fuerza demuestra con claridad que los instigadores de las revueltas carecen de razón. Si la tuvieran, dejarían que el recuento oficial llegara a su fin sin contratiempos.
Es una lástima que luego de una jornada ejemplar el domingo, ahora se haya manchado de esa manera el proceso que tanto costó efectuar.
Por lo pronto, los delitos cometidos deben investigarse con prontitud y ejercitar las acciones necesarias para que se disuadan nuevos intentos de usar la fuerza como único argumento.
