La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM ha sido noticia recurrente desde que el Poder Judicial federal intervino para salvaguardar los derechos de una académica que fue relegada de los procesos para elegir a quien deba ocupar la dirección de esa unidad académica.
Esa defensa jurídica sentó un precedente al obligar a la institución a nombrar a una mujer, dentro de un proceso de elección indirecta cuyas etapas previas ya se han cumplido.
Falta ver la forma en que la máxima autoridad, el Consejo Universitario, resuelve la elección, tal y como le corresponde hacer.
Por lo pronto, la judicialización del proceso interno llevó a la Facultad a situarse en un papel que corresponde a los tiempos que corren.
