La negativa del Congreso local a despenalizar el aborto ha obligado a las organizaciones sociales que luchan por la ampliación de los derechos de las mujeres a buscar todas las rutas posibles para que en Morelos se aplique lo acordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de un año.
Una cuestión ideológico-religiosa se ha impuesto a la obligación que tienen los integrantes de la merecidamente llamada peor legislatura de la Historia.
Los caminos de las instituciones son lentos y tortuosos pero casi el único recurso para obligar al Congreso local a acatar lo dispuesto por el Poder Judicial.
Lástima que a pesar de esa actitud de negligencia (criminal) los diputados que controlan el Congreso reciban sin pudor sus elevados ingresos.
