Parece que los consejeros locales que votaron a favor de la reforma del reglamento interno del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana quieren dar la razón a los impulsores de la reforma electoral que considera dispendiosos e innecesarios los llamados OPLES, los Organismos Públicos Locales Electorales como el Impepac.

Lo peor es que a pesar del carácter público de esa institución, los seis consejeros que impulsaron la medida la han ocultado.

El daño patrimonial será notorio en el 2024, cuando tres de los beneficiados podrán cobrar las grandes cantidades que se asignaron por retiro.

Y no hay otra palabra para calificar la acción: daño patrimonial. Los mismos promotores saben lo poco ético de su acto porque lo han querido ocultar de los ojos de la ciudadanía.