De entrar en vigor, las reformas que conceden una pensión vitalicia y heredable para los magistrados del Poder Judicial constituirán una pesada carga para las finanzas públicas por muchas décadas, en momentos en que el erario ya no puede sostener las obligaciones vigentes con los trabajadores ordinarios.
Crear una ley especial mientras en la comisión de Trabajo hay más de mil solicitudes de burócratas que piden infructuosamente su jubilación es un enorme abuso, una postura irreal adoptada por el Congreso local, un Poder Legislativo que se ha convertido en el enemigo de la sociedad morelense.
Hay caminos para intentar frenar estos excesos y ojalá se pongan en práctica. Mientras tanto, ayer de nuevo el Poder Judicial federal dio señales claras y contundentes contra el G-15, al cancelar el reparto del presupuesto para obra pública destinado solo a unos cuantos municipios en detrimento del resto.
El margen de maniobra comienza a retroceder.
