Cada año, padres de familia reclaman por el real o presunto condicionamiento de la entrega de los documentos oficiales de sus hijos si no pagan determinadas cooperaciones “voluntarias”.
Las autoridades educativas han reiterado hasta la saciedad que ese tipo de conducta está prohibida a los directivos de las escuelas, por lo que finalmente todos los alumnos reciben boletas y certificados, aunque esa situación pone de manifiesto la necesidad que tienen los planteles escolares de financiamiento, no solo para obras de infraestructura sino también para la operación cotidiana.
Desde hace muchos sexenios el gobierno federal solo se encarga del pago de la nómina e incumple con el precepto constitucional de la gratuidad de la enseñanza pública.
Mientras tanto, quienes pueden tener la solución en sus manos, los diputados locales, ni siquiera contemplan revivir la ley que sustituía con recursos públicos las cuotas escolares, por lo que esta situación es un cuento de nunca acabar.
