La llamada libre transferencia de recursos del Poder Ejecutivo operó durante casi dos sexenios y ahora que fue cancelada, los responsables de la medida han omitido hacer a tiempo las acciones que compensan la falta de ese instrumento.
Sin embargo, la realidad se empeña en mostrar la utilidad del mecanismo suprimido, porque día con día surgen situaciones que requieren recursos presupuestales no considerados o difíciles de programar, que por desinterés de los legisladores no se aprueban cuando se requiere.
Lo peor es que una parte importante es el desinterés por hacer su trabajo y otra más la intencionalidad para perjudicar, sin que perciban los legisladores que el daño directo lo recibe la sociedad a la que supuestamente representan.
Seguramente una situación tan grave será considerada por los electores a la hora en que quienes controlan el Congreso intenten seguir su dispendioso ritmo de vida mediante otro cargo de elección popular.
