Aunque parece ocioso pedir a quienes detentan el poder en el Congreso local el cumplimiento de la ley, entre otras cosas, para dar a conocer la forma en que se emplean los recursos presupuestarios destinados al Poder Legislativo, no lo es.
Se trata de un mandato que debe cumplirse pero que se evade gracias a que en el anterior sexenio federal se crearon leyes de lucha contra la corrupción que propician dar impunidad a quienes saquean el erario.
Hay tantos mecanismos que deben activarse para castigar a los corruptos que estos parecen estar a salvo, como en el caso más emblemático, el del exgobernador Graco Ramírez.
Pero bajo esos ejemplos los diputados locales que controlan el Congreso creen que se saldrán con la suya. Para que no lo piensen con tanta seguridad se hace necesario recordarles sus obligaciones constitucionales, y a los ciudadanos lo caro que nos sale esa impunidad.
