De manera recurrente, el representante del transporte público estatal negociará tarifas por el servicio concesionado que, desde su óptica, les permitan ofrecerlo en parámetros que ellos estiman adecuados.
La realidad es contrastante. Con el importe en turno autorizado por la autoridad estatal, la decadencia en la calidad en el servicio es la misma.
Los costes exigidos por el transportista no son equitativos con la clase de servicio que recibe el ciudadano, pero el discurso del concesionario siempre será el mismo del político en campaña a la hora de gestionar el aumento.
La ingeniería debe ser total en el sistema público local para que el usuario pague una tarifa justa.
