Asegura diputada que se reformarán las leyes de 2019, que siguen vigentes, para establecer un ajuste al alza del 15 por ciento.

El Congreso del estado podría aprobar antes de marzo las reformas a las leyes de Ingresos de 32 municipios, vigentes desde el 2019, que establecerían un ajuste del 15 por ciento en el cobro de derechos.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez refirió que, finalmente, este viernes se concretará  la reunión con alcaldes y las autoridades del Poder Ejecutivo, a fin de establecer una vía para apoyar a los municipios en sus finanzas.
La legisladora refirió que es urgente que el Congreso del estado apruebe las reformas a las leyes de Ingresos municipales para aplicar un ajuste a la alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.
Aseguró que tal aumento no puede ser mayor a ese porcentaje, pese a que los ediles han hecho un nuevo planteamiento para que se aplique un 20 por ciento sobre los montos por concepto de derechos.
De igual forma, Barrera Vázquez hizo un llamado a que los presidentes municipales que hayan sido presionados por diputados o legisladoras locales para asignar "moches" a cambio de la aprobación de las reformas a las leyes de Ingresos municipales denuncien.
"Estamos confiados en que haya los consensos, esperemos que en esta ocasión voten las diputadas que no estuvieron presentes en la sesión en las que fueron rechazadas las leyes de Ingresos (para el 2020)", añadió la diputada morenista.

 

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Entrega Congreso del Estado Presea “General Emiliano Zapata Salazar” a migrantes destacados.

“Los migrantes merecen ser reconocidos, porque no es tarea fácil dejar familia, tierra, y amigos en busca de una mejor calidad de vida”, afirmó el diputado Andrés Duque Tinoco, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado, en el marco de la entrega de la Presea “General Emiliano Zapata Salazar”, entregada a migrantes morelenses destacados.

Cabe mencionar que la presea, instituida para conmemorar el Día del Migrante Morelense y su Familia, se entrega de manera conjunta por el Poder Legislativo, a través de dicha Comisión, y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, encabezada por Gilberto Alcalá Pineda, a través de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

En esta ocasión, los galardonados fueron los migrantes morelenses Alfonso Seiva García, en la Categoría de Mérito Humanitario y Altruista; Victorino Torres Nava, en Mérito Cultural y Educativo; Pablo Antonio Castro Zavala, en Mérito Empresarial y Comercial; y Erika Portillo Mercado, en Mérito Comunitario.

 

 

 

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Pese a Alerta de Violencia de Género, el fenómeno está latente, admite la diputada.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, sostuvo que es necesario revisar el trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, por su responsabilidad en el combate a los feminicidios.
Ante la alta incidencia de este delito a nivel nacional, la legisladora consideró que se deben revisar las políticas públicas que se aplican para atender el tema en Morelos y afirmó que el primer informe del gobierno estatal servirá para realizar dicho trabajo por parte del Congreso del estado y hacer las recomendaciones correspondientes.
La legisladora apuntó que pese a la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de la entidad, el problema se ha agravado.
De acuerdo con información de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) el 2019 fue el más violento para las mujeres.
Al respecto, la legisladora panista refirió que desde las autoridades municipales hasta las encargadas de la procuración e impartición de justicia han cometido fallas que han impedido combatir de fondo el delito.
Morales Sandoval señaló que más allá de medidas punitivas, como la condena de 60 años que se establece por el delito de feminicidio en Morelos, insistió en que se deben aplicar medidas preventivas.
"Tenemos que estar revisando el informe, tenemos que revisar todas las vertientes porque es toda una cadena este proceso, lo tenemos que hacer y en su momento, con la glosa, nos va a permitir esta situación, independientemente que podamos hacer expresiones específicas y sobre todo presentar propuestas específicas en el tema preventivo y no correctivo, que eso es lo más grave, estamos generando condiciones correctivas", declaró.

 

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Los secretarios de despacho comparecerán ante el Pleno del Congreso el próximo mes.

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La diputada afirma que hay fallas en el desempeño de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez; el Congreso analiza iniciar un nuevo proceso de remoción, señala.

Por presuntamente dar protección a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, el Congreso del estado evaluará la permanencia del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez.
A más de un año del inicio de la LIV Legislatura, los diputados locales analizan iniciar un nuevo proceso de remoción en contra de los llamados "fiscales carnales", ante la falta de resultados en su trabajo, principalmente en las investigaciones iniciadas por presuntos actos de corrupción en la pasada administración estatal.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín sostuvo que está claro que el fiscal general y Juan Salazar Núñez no han cumplido con su evaluación, por lo que el Congreso debe hacer uso de sus facultades e iniciar un proceso para su destitución.
"Nada más ahí están, pero no dan resultados. Tienen un encubrimiento a los servidores públicos del anterior gobierno, entonces esos son los que se deben de ir y esos sí les toca al Congreso" aseveró la legisladora local.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que después de un año de gestión estatal, es momento de evaluar el desempeño de los fiscales, por lo que sólo esperarán a las comparecencias de Uriel Carmona Gándara y de Juan Salazar Núñez para que los diputados tomen una determinación sobre dichos nombramientos.
"Nosotros esperamos como legislatura que se le dé celeridad a las carpetas de investigación que iniciamos con motivo de lo que encontramos de la anterior legislatura y es lo que esperamos, que haya resultados", apuntó el diputado local.
En diciembre del 2018 los integrantes de la LIV Legislatura iniciaron un proceso de remoción en contra del fiscal general y el fiscal anticorrupción, a solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que los funcionarios no habrían cumplido con los exámenes de control de confianza para su nombramiento. Sin embargo, los funcionarios se ampararon y, finalmente, el Congreso mandó a la "congeladora" el caso.
Uriel Carmona Gándara fue nombrado fiscal general del estado por nueve años, durante la LIII Legislatura, en febrero del 2018. En agosto de ese mismo año, Juan Salazar Núñez también fue designado fiscal por un periodo de siete años por los mismos diputados.

 

 

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Miércoles, 19 Febrero 2020 05:19

Confirman auditorías para municipios

Desmienten aumento de hasta 20 por ciento en derechos municipales; el viernes buscan formalizar el rescate financiero de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos del estado serán revisados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) como parte de las negociaciones que los alcaldes iniciaron con el Congreso local para impulsar un rescate financiero a favor de los municipios.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que no se trata de ninguna consigna ni de una "persecución política", sino de que los ediles garanticen una transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que han buscado el apoyo del Congreso local para tener más ingresos en este 2020.
El legislador local aseguró que existe toda la disposición del Congreso y del Poder Ejecutivo de apoyar a los gobiernos municipales. Sin embargo, insistió en que también debe haber apertura por parte de los ediles.
"La intención es que no sea una consigna o una situación en particular, sino que tiene que ser una cultura dentro de la política en Morelos. Vamos a establecer los mecanismos para que no se piense que es una persecución. Sí, nosotros como diputados estamos poniendo el ejemplo. Si el gobernador ya dio su informe, creo que los demás funcionarios (deben hacerlo) con mucha más razón", afirmó el presidente de la Mesa Directiva.
Sotelo Martínez refirió que el acuerdo para aumentar un 15 por ciento el cobro de derechos municipales se mantiene a favor, no así el de un 20 por ciento, como se ha informado que ahora es la intención de los alcaldes.
"Lo que nosotros acordamos con los alcaldes fue que sería el 15 por ciento, eso es lo que unificó a por lo menos 10 diputados y lo que vamos a comentar, que cada alcalde pueda generar los consensos con los diputados", añadió.
Por ello, apuntó que el próximo viernes se concretará, finalmente, la mesa de trabajo con alcaldes y las autoridades del gobierno del estado.

     

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Congreso aguarda resolución de la Suprema Corte.

Tras la resolución judicial que favoreció al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norberto Calderón Ocampo para que el Congreso del estado garantice su ratificación al cargo por 20 años, el diputado José Luis Galindo Cortez, aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolverá a favor de terminar con los abusos en el Poder Judicial.
El diputado pesedista afirmó que el caso del magistrado Norberto Calderón no fija ningún precedente, pues la Corte analiza de fondo el tema, luego del decreto que aprobó el Congreso para anular la permanencia por 20 años de los magistrados del Poder Judicial.
Apuntó que sólo es cuestión de tiempo para que el máximo tribunal del país resuelva el caso que propició la LIII Legislatura, cuando autorizó ratificar a los actuales es magistrados por 20 años, cuando la Constitución Política del Estado señala que el período máximo es de 14 años.
"En cuanto resuelva el acto de no constitucionalidad la Suprema Corte en relación a los 20, en automático queda sin efectos este amparo. Es así de sencillo, y no deja ningún precedente", explicó Galindo Cortez, quien impulsó el acuerdo para anular la disposición que garantizaba la permanencia por 20 años en el cargo de los magistrados.
Se espera que esta semana, el Pleno del Congreso del Estado emita un acuerdo para garantizar el derecho del magistrado Norberto Calderón a su ratificación por 20 años, en cumplimiento a una resolución judicial.

  

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A través del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable, al menos nueve ayuntamientos podrán acceder a una bolsa de 50 millones de pesos para el pago de laudos.

El Congreso local puede iniciar esta semana el proceso legislativo necesario para impulsar un "rescate financiero" a favor de los municipios del estado.
Los legisladores procesarán, primero, una reforma a las leyes de Ingresos de 32 de los  municipios del estado, a fin de imponer un ajuste al alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales, con lo que se calcula que lograrían un ingreso anual de aproximadamente 500 millones de pesos.
Además, el Poder Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo y los municipios, establecerán las reglas de operación para la creación del Fondo de Aportaciones Estatales Concursable, en el que al menos nueve municipios podrán acceder a una bolsa de 50 millones de pesos para el pago de laudos.
De acuerdo con información de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, los municipios que accederán de manera urgente a dichos recursos son: Amacuzac, Ayala, Jantetelco, Tetecala, Jonacatepec, Temoac, Yautepec, Yecapixtla y  Xochitepec.
Sin embargo, también el gobierno de Puente de Ixtla se encuentra en apuros, e incluso el año pasado los integrantes del cabildo se vieron obligados a promover juicios de amparo para evitar su destitución.
Las bases del rescate financiero a favor de los municipios se establecerán hoy, en una mesa de trabajo entre los diputados locales, las autoridades del Poder Ejecutivo y los alcaldes.
La aprobación de la reforma a las leyes de ingresos municipales podría lograrse a finales de febrero o a más tardar en los primeros días de marzo, según los acuerdos que se concreten en dicho encuentro.

 

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Las diputadas buscaron el amparo del tribunal al verse desplazadas de sus comisiones y quedarse sin personal.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se declaró incompetente para resolver los supuestos agravios cometidos por el Congreso del estado en contra de las diputadas que integran el G-7 (grupo de siete)  a las que se les retiró las comisiones que presidían y se les disminuyó el personal a su cargo. También se declararon infundados los señalamientos de violencia política en contra de las siete legisladoras.
En sesión del Pleno, este viernes, los magistrados electorales atendieron los siete juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) promovidos por las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Erika García Zaragoza, del Partido del Trabajo (PT); Keila Figueroa Evaristo; Maricela Jiménez Armendáriz y de Movimiento Ciudadano (MC), Naida Josefina Díaz Roca.
El pasado 27 de noviembre, el Pleno del Congreso resolvió por mayoría remover a las siete diputadas de las comisiones que presidían y consecuentemente, la presidencia de la Mesa Directiva removió a todo el personal que trabajaba en dichos órganos.
Al considerar que los agravios promovidos por las legisladoras no son materia electoral sino de derecho parlamentario, el TEEM se declaró incompetente y señaló como infundado el señalamiento de las legisladoras como supuestas víctimas de violencia política.
"Este tribunal considera que el fondo de la problemática planteada por las actoras no es materia electoral, sino que corresponde al derecho parlamentario, de la misma manera que las consecuencias correspondientes, esto es, la disminución del personal que tenían a su cargo al 22 de noviembre del 2019, en función de las comisiones a las que pertenecían", señala parte de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Electoral.  

 

 

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Sábado, 15 Febrero 2020 05:10

Habrá foros informativos sobre el Insabi

El Congreso busca que la población conozca la forma de operación del organismo que sustituyó al Seguro Popular.

El Congreso del estado llevará a cabo foros informativos  sobre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ante la incertidumbre que existe en la ciudadanía sobre la prestación de los servicios de salud .
El diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, refirió que es importante que la gente conozca qué es el Insabi, pero sobre todo que los servicios seguirán siendo gratuitos.
Refirió que el Insabi sólo sustituyó al Seguro Popular e insistió en que no habrá perjuicio para la sociedad.
Explicó que aún no se tiene fecha para la realización de los foros, pero que se programarían para los primeros días de marzo.
"Queda claro que es gratuito al 100 por ciento para toda la ciudadanía que no sea derechohabiente a ningún servicio de salud. El presidente de la República asegura que habrá abasto de medicamentos en el ínter de que se regularicen las cosas, estamos hablando de que sólo es una cuesta, es un cambio y todo cambio tiene sus pros y sus contras", refirió.
El diputado local agregó que también buscará reunirse con el secretario de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, a fin de que también informe sobre el convenio que firmó el estado con la Federación para poder sumarse al Insabi, y sobre todo que haya garantía en los servicios y en el abasto de medicamentos.
"Que haya atención gratuita y que tengan los medicamentos necesarios para poder atender cualquier mal que aqueje a la ciudadanía", agregó.

 

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