Se garantizará derecho de audiencia de los involucrados, asegura diputada.

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En este año la LIV Legislatura ejerció 450 millones de pesos.

Los diputados locales podrían reducirse el presupuesto para el 2020, ante los cuestionamientos de organizaciones sociales por los 450 millones de pesos ejercidos en este año.
La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, informó que existe el consenso de la mayoría de los diputados para reducir los recursos financieros del Poder Legislativo para el próximo año.
Sin embargo, refirió que aún no se han puesto de acuerdo sobre el monto que se etiquetará, ya que el tema se acordará en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se integrará el Paquete Económico 2020.
Flores Espinoza refirió que la determinación se tomó con base en la reducción que lograron en el primer año de la LIV Legislatura en la deuda que heredaron sus antecesores por cerca de 100 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el caso del Instituto de Crédito se abonaron 10 millones de pesos; así, de entrada, es una deuda mucho menor; ya disminuyó en un 80 o 90 por ciento la deuda, por eso yo me atrevería a decir que estamos en las condiciones para disminuir el presupuesto del Congreso", explicó.
De manera extraoficial se dio a conocer que la reducción al presupuesto para el Congreso sería de 100 millones de pesos, es decir, para el 2020 los diputados ejercerían 350 millones de pesos.
En lo que respecta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la diputada Flores Espinoza apuntó que lo que se busca es aumentar su presupuesto, que en este 2019 fue de 18.5 millones de pesos, cuando requiere al menos el doble de los recursos.

 

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El Congreso aprobará un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del estado, que garantizará más de 120 millones de pesos adicionales a la partida estatal que ya percibe la institución.

El acuerdo es concretar el incremento de manera gradual, afirma diputada.

Los diputados lograron acuerdos para aprobar un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, mediante una reforma constitucional que será aprobada en los próximos días.
En entrevista, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval informó que el acuerdo se basó en que la asignación de este aumento presupuestal se hará de manera gradual, para no afectar  las finanzas del gobierno del estado.
"Hay ánimo de apoyar, eso es lo más importante, ya hay consensos. El tema solamente es que se está discutiendo si es gradual o es en un sólo momento. Entendemos la situación económica que vive el estado y tampoco podemos generar un tema que complique la situación, como es el caso de salud o el del campo", refirió la legisladora.
Morales Sandoval explicó que en la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado se establecerá cómo se concretará el aumento el presupuesto de la UAEM –para que pase a ser el tres por ciento de todo el presupuesto de la entidad- con base a la autonomía financiera de la institución.
Dicho incremento presupuestal garantizaría una cifra superior a los 120 millones de pesos adicionales a los cerca de 700 millones de pesos que percibe la UAEM del presupuesto del estado. Sin embargo, los legisladores buscan que no se concrete en un mismo año, para no afectar otros rubros.
La legisladora que promovió la propuesta, aseguró que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán ha manifestado su aprobación a que el aumento presupuestal se concrete en base a los términos antes citados. Por ello, la diputada apuntó que esta semana podría votarse el dictamen de la reforma constitucional, siempre y cuando, la mayoría de los diputados se pongan de acuerdo.

 

 

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Ante la negativa de jueces locales de dictar vinculaciones a proceso u órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, fue necesario recurrir ante la justicia federal, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado da seguimiento en diferentes instancias, incluso a través del amparo, a las denuncias por actos de corrupción detectada en la pasada administración y hasta la fecha, ninguna ha sido desechada, aseguró el titular del área, Samuel Sotelo Salgado, quien aseguró que hasta el momento han obtenido varios fallos por parte de la justicia federal, ante la que fue necesario acudir, debido a que, en primera instancia, algunos jueces, entre otros pasos legales.

El abogado sostuvo que ninguna de las denuncias formuladas por la actual gestión por los actos irregulares encontrados en la pasada administración, está “muerta” y seguirán luchando hasta el último recurso legal posible para que no haya impunidad.

Refirió como ejemplo, que el juez había señalado que no había indicios para vincular a proceso a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del campo, pero en segunda instancia y en algunos casos hasta el juicio de amparo, la parte gubernamental ha ganado.

Samuel Sotelo Salgado comentó que todavía están en proceso de integración nuevas denuncias, pero enfatizó que ahora están más concentrados en darles seguimiento a las que ya han sido judicializadas, y hay varios recursos, alrededor de seis, pendientes.  

Entrevistado sobre el proceso legal para echar abajo las llamadas “pensiones doradas”, dijo que se trata de un tema que perjudica al Poder Ejecutivo, que es el que paga, pero en realidad lo que se está impugnando son las determinaciones del Congreso del Estado.

“Están concediendo amparos, no porque estuviera mal la determinación, sino por no haber agotado la garantía de audiencia, lo que implica que el Congreso del Estado está en las posibilidades de iniciar los procedimientos agotando la garantía de audiencia. Es decir, escuchar a quien eventualmente le podría perjudicar la determinación del Congreso” explicó, al destacar que es un acto que debe promover y atender la propia Legislatura local, porque es la autoridad que ha emitido los decretos, y la votación de los dictámenes son aprobados en el pleno. “Por lo tanto, se puede reponer el proceso, si así lo considera el Legislativo”.

 

 

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Ayuntamientos hacen campañas para promover el pago anticipado del predial en cada cierre de año.

Las diputadas locales Rosalina Mazari y Alejandra Flores (por separado) recordaron a los alcaldes que el cobro del predial junto con un 25 por ciento de impuesto adicional viola la constitución, ante las campañas que los ayuntamientos hacen para promover el pago anticipado de ese impuesto en  cada cierre de año.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín dijo que debido a que la Ley de Hacienda Municipal aún no se ha reformado para abrogar el Impuesto Adicional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional, muchos ediles podrían aplicarlo este fin de año, mediante el  cobro anticipado del predial.
Sin embargo, la diputada advirtió que cada presidente municipal deberá asumir su responsabilidad si determinan aplicar ese 25 por ciento adicional.
"Esto sucede porque el impuesto adicional lo tienen todavía en su ley de ingresos aprobada en este ejercicio fiscal 2019, por eso es que los ayuntamientos están recibiendo este impuesto adicional, pero es cuestión del ciudadano para que actúe", señaló.
Además del cobro anticipado del predial, los ayuntamientos siguen aplicando el 25 por ciento adicional en todos los derechos que los ciudadanos están obligados a pagar y que están especificados en las leyes de Ingresos municipales, por lo que los afectados podrían promover juicios de amparo y evitar abusos de parte de los ayuntamientos.
"Ellos (los alcaldes) están conscientes (de) que ese impuesto adicional es inconstitucional pues así lo decretó la Corte, así que quienes tienen que actuar son los presidentes", añadió.
Por su lado, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza invitó a los ediles a abstenerse de cobrar el impuesto adicional en los derechos e impuestos, aún y cuando están vigentes las leyes de Ingresos municipales 2018, pues recordó que la Corte lo decretó inconstitucional.

 

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Tras dos años de litigio, la juzgadora tendrá un periodo en su cargo de ocho años más.

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Los diputados desahogarán esta semana los informes de resultados de las finanzas de 2016 y 2017 de 25 municipios; hay anomalías en la mayoría de los ayuntamientos, señala legisladora.

El Congreso del estado desahogará esta semana los informes de resultados de las cuentas públicas 2016 y 2017 de 25 municipios, que se encontraban rezagados en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que después de meses de revisión, debido a las inconsistencias en el trabajo de la ESAF, finalmente 25  informes de resultados de las auditorías aplicadas a los municipios serán turnadas al Pleno legislativo para su aprobación.
Explicó que una vez aprobados por el Congreso, los informes de resultados serán publicados y la ESAF estará en condiciones de proceder legal y administrativamente en contra de las autoridades municipales que ejercieron de manera irregular los recursos públicos en los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Mazari Espín confirmó que en la mayoría de los ayuntamientos se detectaron anomalías. "Hay un municipio, por ejemplo, donde presentan un cheque por una cantidad muy fuerte pero cuando nosotros hacemos el cotejo resulta que ya no existe, lo dieron de baja en el SAT, entonces eso no está dentro del informe que nos presentó la ESAF", explicó.
La diputada refirió que, este martes, presentará dichos informes a los diputados que integran la Comisión de Hacienda, para que en esta semana se presenten al Pleno del Congreso.
Dichos informes son parte del rezago que enfrenta la ESAF desde hace una década aproximadamente, por falta de recursos humanos, pero también por la presunta omisión de los encargados del órgano.
De acuerdo con la legisladora priista, mucha información presuntamente se ocultaba, como el caso de un informe de resultados de una cuenta pública del 2011 de Cuernavaca que por varios meses se le solicitó al ex encargado de despacho de la ESAF Uriel González Sotelo, y nunca entregó al Congreso hasta que fue designada América López Rodríguez al frente del órgano.

 

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El Congreso del estado buscará "recomponer" el Presupuesto de Egresos 2020, a fin de evitar una reducción de más del 50 por ciento en los recursos  para el campo, aseguró el diputado pesedista José Luis Galindo Cortez, pues advirtió que tal determinación podría desatar protestas sociales ante el daño para el sector.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso lamentó la determinación de la Secretaría de Hacienda de reducir 55 millones de pesos para el agro, lo que "no abona para nada al bienestar del estado".

Y adelantó que "no todo está dicho" en la discusión del Paquete Económico, por lo que buscará rescatar al sector del abandono que ha sufrido en los últimos años.

"No lo vamos a permitir, esperemos que esto no nos vuelva a entrampar otra vez en el tema de que no podamos aprobar en tiempo y forma el presupuesto", advirtió José Luis Galindo Cortés.

El legislador refirió que ya existe inconformidad de las organizaciones campesinas por la propuesta de reducir los recursos para el agro y tal inconformidad podría derivar en protestas.

"Si se golpea al campo el campo también lo puede golpear a él, me refiero a manifestaciones, me refiero a que líderes vengan y se manifiesten en la Secretaría de Hacienda y metan presión", manifestó el legislador local.

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Sábado, 23 Noviembre 2019 05:21

Proponen duras sanciones a ruteros

Los que abusen del pasaje y nieguen descuentos  perderían su licencia y estaría en riesgo la concesión de la unidad.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma que plantea la cancelación del título de concesión para los transportistas que no garanticen la exención del pago del pasaje a las personas con discapacidad y a los menores de tres años, así como la aplicación del 50 por ciento de descuento a los adultos mayores.
Durante la sesión ordinaria de Pleno de este viernes, Ana Cristina Guevara Ramírez, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado para garantizar el cumplimiento de un derecho establecido para los grupos vulnerables en el uso del transporte público.
La legisladora expuso que todos los días se registran abusos por parte de los operadores de las rutas en contra de los ciudadanos que pueden obtener beneficios en el cobro de la tarifa, pues se les niega de manera ilegal.
"No se cumple o se les dice ‘a ti no te podemos subir porque ya subimos a tres’. Eso es lo que pretendemos regular, darle formalidad en la ley y que sea de verdad de manera obligatoria", señaló Guevara Ramírez.
Explicó que para que los transportistas cumplan se establecerán sanciones como el cobro de multas, el retiro de la licencia de conductor y hasta la cancelación del título de concesión.
Para ello, sólo bastará con que los ciudadanos presenten su queja ante la SMyT y la dependencia inicie una investigación del caso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación para su revisión y dictaminación.

 

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La próxima semana se modificará el reglamento interno para que trece votos equivalgan a una mayoría calificada, necesaria para aprobar los grandes temas pendientes.

Mediante una reforma al reglamento para el Congreso del estado, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y las fuerzas políticas aliadas, validarán el nuevo criterio para establecer  como mayoría calificada el voto de 13 diputados de los 20 que integran el Pleno, para  aprobar de esa manera todos los asuntos pendientes antes de que concluya el año.
Se trata de una modificación al artículo 135 del citado reglamento, en el que se fijará el número de votos que requiere una mayoría calificada. La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este viernes, que sólo inició para conocer dicho asunto.
La iniciativa será votada hasta la próxima semana, pues la sesión de Pleno se pospuso  por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Coatetelco.

El grupo mayoritario de diputados también buscará concretar el nombramiento como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) de Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
En entrevista, Flores Espinoza admitió que mientras su nombramiento no esté aprobado por la mayoría del Pleno, no se podrá tener certidumbre jurídica de los asuntos que se aborden en la JPyG, como la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez.
"Hemos buscado el diálogo con ellas (el grupo de siete diputadas) pero no se ha logrado y en esa estamos... hay muchos temas pendientes y la Junta Política es un tema toral para avanzar en muchos asuntos que están detenidos", agregó la legisladora.
La próxima semana también se votarán todos los asuntos enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria de ayer, con las dos terceras partes del total de legisladores,ya cuantificada en 13 legisladores.

 

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