Viernes, 08 Noviembre 2019 05:16

Preparan reestructuración en Poder Judicial

El Congreso plantea una reforma constitucional para reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.

Diputado propone reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

La LIV Legislatura trabaja en una reforma constitucional para impulsar una reestructuración en el Poder Judicial con la que se busca reducir de 14 a seis años la permanencia de los magistrados.
Durante la sesión del miércoles pasado, el legislador José Casas González presentó ante el Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, a fin de dar marcha atrás a los beneficios que otorgaron los diputados de la LIII Legislatura a los actuales magistrados.
En la propuesta, el legislador planteó reducir de 19 a 13 el número de los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y que los nombramientos se hagan de manera paritaria, es decir, que al menos seis mujeres reciban dicho nombramiento.
De aprobarse la reforma, los magistrados sólo durarán en su cargo seis años, con la posibilidad de ser ratificados por un período igual, mediante un proceso de evaluación.
Para la designación de los jueces, también se propuso que sean evaluados constantemente, para evitar actos de corrupción.
El legislador propuso que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina sea nuevamente integrada por los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
"Ante el pasado reciente, donde se dieron modificaciones a gusto y complacencia del gobernador en turno, se dieron lugar a reformas que presumen vicios en los términos y plazos para los cuales habían sido designados los actuales", señaló el legislador.

Por ello, en su propuesta señaló que una vez aprobada y publicada, los magistrados con más de 12 años en el cargo cesen en sus labores de forma inmediata.

 

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Jueves, 07 Noviembre 2019 05:00

Dan luz verde a revocación de mandato

El Congreso aprueba minuta de reforma constitucional.

El Congreso de Morelos aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Con ello, se convirtió en el segundo estado en validar la determinación que tomó el Congreso de la Unión. 
Con 19 votos a favor y uno en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el Poder Legislativo también abrió la puerta para que la revocación de mandato se aplique como mecanismo de participación ciudadana en Morelos, para la revisión de la gestión del gobernador. 
"La revocación  de mandato es sin duda un tema que Morena ha impulsado desde siempre, porque se trata de una lucha por darle al pueblo el instrumento para evaluar y en todo caso, quitar a sus gobernantes", manifestó la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza. 
Los legisladores se comprometieron a reformar la Constitución Política del Estado de Morelos para incluir la revocación de mandato como una figura de participación ciudadana aplicable en Morelos.
La propuesta, de acuerdo al diputado Javier García Chávez, se presentará en este mismo año.

 

 

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Los diputados aprobaron la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial.

Por mayoría de votos, el Congreso del estado aprobó la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras una larga discusión por la postura en contra de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso desahogó, con 13 votos a favor y siete en contra, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se modificó el Presupuesto de Egresos 2019.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la aprobación por mayoría se admitió por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de cumplir con el mandato de la Corte.
Señaló que será la SCJN la que defina la legalidad del dictamen, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos el asunto debió aprobarse por las dos terceras partes del Pleno (14 votos).
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, aseveró en tribuna que este asunto fijará un precedente, pues ante la negativa de un grupo de siete diputadas en avanzar en los asuntos importantes del Congreso, la Corte podría resolver la legalidad de una mayoría para la aprobación de los temas fundamentales.
Ante las acusaciones de las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y el resto de las legisladoras que integran el denominado Frente Progresista de Mujeres sobre la legalidad y la viabilidad del dictamen, la legisladora priista Rosalina Mazari afirmó que dicha postura obedece a intereses personales y políticos.
Incluso, el diputado José Casas González sostuvo que el actual del grupo de siete diputadas son afines al ex gobernador Graco Ramírez, por lo que buscan paralizar el Congreso.
Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso informó que de la aprobación del dictamen se notificará a la SCJN y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

 

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La propuesta es para regular la actuación de los legisladores.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa para crear un Código de Ética Parlamentaria, que regulará la actuación de los legisladores.
Durante la sesión ordinaria, ayer, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Dalila Morales Sandoval y Javier García Chávez, respectivamente, presentaron la propuesta que establecerá las sanciones correspondientes en contra de los diputados que violen el orden o falten al respeto a sus homólogos.
Al respecto, la diputada Morales Sandoval expuso que con dicha propuesta se busca evitar confrontaciones entre los diputados, incluso, en la tribuna.

Refirió que son esas confrontaciones las que mantienen al Congreso paralizado.
Morales Sandoval aseveró que es momento de que haya orden en el Poder Legislativo y por ello se determinó establecer un marco normativo que lo garantice.
"Yo espero que este código de ética pueda servir para toda esta situación que está sucediendo en el Congreso. Es evitar el tema personal, yo creo que ya caer en excesos, temas personales que ya involucramos situaciones, en lugar de causar buen ánimo al interior lo que está causando son complicaciones. Es momento de ponerle un alto a esto y demostrarle a los ciudadanos que nos sabemos poner de acuerdo", añadió la legisladora.

 

 

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:11

Citará Congreso a Ortiz Guarneros

El titular de la CES comparecerá para informar sobre el estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, comparecerá ante el Congreso local para informar del estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, tras los hechos violentos de la semana pasada y las protestas de los trabajadores.
En entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que citarán al comisionado en los próximos días para que rinda cuentas sobre ese tema, pero también sobre la situación actual del estado en materia de seguridad.
El legislador local refirió que el encuentro con el vicealmirante Ortiz Guarneros se ha pospuesto desde hace varias semanas, y ante la situación tan crítica que vive el sistema penitenciario del estado, dijo que es necesario que el funcionario estatal se presente ante el Poder Legislativo.
No obstante, Zapotitla Becerro dijo que también insistirán al comisionado estatal de Seguridad en la destitución del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez, ante la omisión en la que incurrió al no haber implementado acciones para evitar los dos motines registrados la semana pasada.
"En este caso no es siquiera un diálogo, es un tema de saber qué pasa en materia de seguridad pública con el almirante (sic) y la Comisión. Vamos a escuchar al almirante (sic) por qué no ha tomado esa determinación (de la destitución), necesitamos conocer su opinión muy sustentada, nosotros lo pedimos, lo pidió el diputado presidente y creemos que así debe ser", añadió.

 

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 05:08

Congreso, en riesgo de desacato

La SCJN negó cualquier prórroga para cumplir la entrega de recursos destinados al pago de jubilaciones del TSJ; los diputados se enfrentan a sufrir hasta la destitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que es improrrogable el plazo fijado para cumplir con las sentencias del alto tribunal vinculadas con el pago de pensiones a trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Pese a que el gobierno del estado y el Congreso solicitaron un plazo adicional para poder cumplir con el pago del último de los 11 bloques de sentencias enlistadas en el acuerdo emitido el 25 de febrero pasado por el Pleno, la SCJN sostuvo que ambos tuvieron “un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente en tiempo y debida forma a la obligación impuesta por este Alto Tribunal”.

Por lo tanto, “los plazos para autorizar el presupuesto previsto en el Acuerdo Plenario respectivo fueron improrrogables y el cumplimiento de las sentencias de las controversias constitucionales que integran el presente bloque constituye un mandato constitucional”. 

En el acuerdo publicado en estrados, afirmó que aun cuando que el Poder Judicial de Morelos realice los pagos de pensiones a los trabajadores en retiro, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que se estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos decidiera la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de trabajadores afectando el presupuesto del Poder Judicial local, al ordenar que la pensión debía cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgarle los recursos necesarios para satisfacer la obligación en cuestión. 

Incluso, dio un plazo de tres días al Congreso, el cual se vencerá en las próximas horas, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir, “el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (destitución)”, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, el Congreso estatal está obligado a etiquetar los recursos que sean necesarios para cumplir con el pago de todas las sentencias, para que el TSJ pague a los trabajadores en retiro, además de que en el presupuesto de 2020 deberá etiquetar una partida para el pago de pensiones.

 

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El grupo de Tania Valentina Rodríguez trató de boicotear el procedimiento; deberá autorizarse en sesión de pleno para evitar desacato ante la Corte.

En la cuerda floja se encuentran diputados locales y representantes del Poder Ejecutivo ante el posible desacato en que pueden incurrir si incumplen la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para asignar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones de más de 100 trabajadores.
La tarde de este martes,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de reforma al Presupuesto de Egresos del gobierno estatal 2019, para reasignar 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago a los citados trabajadores. Dicho proyecto se desahogó con la negativa de seis de los 12 integrantes del citado órgano legislativo.
Previo a la votación del dictamen, las legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres manifestaron su determinación de retirarse de la reunión de la Comisión de Hacienda, pues acusaron que se pretendía llevar a cabo de manera ilegal.
Las legisladoras incluso se pronunciaron en contra del dictamen que se creó a propuesta del Poder Ejecutivo, pues la reasignación de recursos afectaría a varios rubros.
Por la tarde, seis de los legisladores que integran la comisión decidieron aprobar el proyecto, con el respaldo de otros diputados que acudieron a la reunión como testigos.
Sin embargo, el asunto deberá ser aprobado por el Pleno legislativo, hoy, con el respaldo de 14 legisladores (mayoría calificada), votación que no se ha logrado en el Congreso del estado desde julio pasado, por las marcadas diferencias entre los grupos parlamentarios.

 

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El acuerdo impulsado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso local retira de sus principales posiciones a las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Diaz Roca.

Con la modificación en la integración de las comisiones legislativas más importantes en el Congreso del estado, el grupo mayoritario de 13 diputados buscará bloquear a la oposición en las negociaciones que en los próximos días iniciarán para la aprobación del Paquete Económico 2020 del gobierno estatal y en el desahogo de otros asuntos importantes, como el juicio político en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
El acuerdo impulsado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y que será votado durante la sesión ordinaria de Pleno esta misma semana, retiró de sus principales posiciones a las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Diaz Roca, quienes integran el Frente Progresista de Mujeres, el grupo opositor en el Poder Legislativo.
El documento señala que Keila Figueroa Evaristo dejará de presidir la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, y de ser vocal en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Puntos Constitucionales y Legislación.
La legisladora -que fue expulsada del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por sumarse al Frente Progresista de Mujeres- sólo presidirá las Comisiones de Igualdad de Género y la Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos, además de que será vocal del Comité de Vigilancia.
La diputada Maricela Jiménez Armendáriz -quien renunció al Partido Encuentro Social (PES) para sumarse a Movimiento Ciudadano (MC)- dejó de tener voz y voto en las siguientes comisiones: Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos; Desarrollo Agropecuario; Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas; de la Familia;  Desarrollo Económico; y en la Especial para el Seguimiento al Cumplimiento de la Agenda 2030.
Jiménez Armendáriz sólo será vocal de la Comisión Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos.
En tanto, Naida Díaz Roca, quien fue expulsada del Partido Social Demócrata (PSD) y se adhirió al Partido del Trabajo (PT), ya no participará más de las decisiones de las  comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas, y Asentamientos Humanos; de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblo Indígenas; de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; y la  Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos.
La  diputada petista sólo será vocal en la Comisión de Desarrollo Económico.
Los grupos parlamentarios de Morena y Partido.

Se designará a los diputados que ocupen dichas comisiones por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno.

 

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Lunes, 04 Noviembre 2019 05:07

Municipios quieren cobrar nuevos impuestos

Así lo confirma la diputada Rosalina Mazari; ya se han realizado las primeras observaciones para evitar abusos fiscales el próximo año, afirma.

Algunas alcaldías proponen un cargo adicional al impuesto predial.

Para el 2020, los ayuntamientos pretenden cargarle la mano al contribuyente con nuevos conceptos o cargos adicionales a los ya existentes, confirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado.
Previo a las mesas de trabajo con las autoridades municipales para revisar las iniciativas de ley de ingresos que presentaron los municipios ante el Congreso del estado, la legisladora Mazari Espín dijo que ya se han realizado las primeras observaciones para evitar abusos fiscales el próximo año.
Mazari Espín rechazó informar a detalle de los nuevos conceptos que propusieron los ayuntamientos para recaudar más recursos en el 2020, pero expuso el caso de algunos gobiernos municipales que propusieron un cargo adicional al impuesto predial.
"La mayoría de los municipios agrega un párrafo adicional, un porcentaje al valor del UMA (Unidad de Medida y Actualización) elevado al valor al año del 1.0, 2.0 y 2.5, que es un cobro inconstitucional, cuando la Ley General de Hacienda determina en su artículo 93 Ter-5 que el impuesto predial se calculará anualmente aplicando al valor catastral la tarifa porcentual siguiente", explicó.
Además, la diputada refirió que todos los ayuntamientos pretenden cobrar el Derecho de  Alumbrado Público (DAP), lo cual, aseguró, resulta inconstitucional pues los contribuyentes ya pagan por ese concepto en el recibo de luz que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por otro lado, dijo que por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resulta inconstitucional que los ayuntamientos cobren un monto adicional por la ampliación de horarios a los negocios que tramitaron una licencia para funcionar por cualquier actividad comercial, de ahí que también se determinó anular dichas tarifas de las leyes de Ingresos para el próximo año.
"Hay algunos que están planteando nuevos conceptos, es el caso de Tlayacapan que estamos analizando, donde son nuevos y además con sus respectivas UMA's entonces eso va a ir afectando la economía de la gente que vive en ese municipio", refirió.
Mazari Espín aseguró que no se permitirá que los ayuntamientos apliquen nuevos conceptos en perjuicio de la economía de los ciudadanos, por lo que todas las observaciones antes citadas serán planteadas en mesas de trabajo a las autoridades municipales, para que se puedan modificar las leyes de Ingresos presentadas desde octubre pasado.

 

 

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Sábado, 02 Noviembre 2019 05:16

Piden regular a los mercados sobre ruedas

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) planteó al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Cuernavaca regular los mercados ambulantes.
Lo anterior, debido a que no pagan impuestos y generan una afectación económica "grave" a los negocios establecidos, según aseguró en entrevista el presidente de la Canacope, José Salgado Patiño.
El presidente de esa organización señaló que en temporadas de asueto, como el día de Muertos, los negocios afiliados a la cámara empresarial registran una baja en sus ventas hasta del 20 por ciento.
Sin embargo, dijo, los comercios establecidos están obligados a pagar derechos, impuestos y otros cobros establecidos por la autoridad municipal, estatal y federal.
Ante tal situación, el presidente de la Canacope pidió la intervención del Congreso del estado para que los ayuntamientos regulen los llamados mercados ambulantes, que operan en toda la entidad.
De acuerdo con Salgado Patiño, la discusión de las leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020 sería buen momento para desahogar el tema.
"Los mercados sobre ruedas es (sic) un problema grave, en verdad. No pagan impuestos, hay una venta desmedida en la vía pública, lo cual ellos no son dueños de la vía pública. Nosotros no podemos competir con eso porque nosotros tenemos el pago de empleados, el pago de impuestos, el pago de luz, pago de seguridad, todo y ellos no", añadió Salgado Patiño.

 

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