Los conflictos internos entre grupos de transportistas que llegan a afectar el servicio público ayudan a los dirigentes a evaluar la capacidad de intervención de las autoridades estatales. A mayor pasividad, más alas para llevar a cabo protestas que les permitan cobrar lo que quieren y no lo que deben.
De hecho, los concesionarios tratan de repetir el abuso que se escenificó cuando les aprobaron la tarifa actual, que se incrementó más allá de los límites de la lógica y de la decencia, pues pasar de cuatro pesos con cincuenta centavos a cinco cincuenta fue aceptar un incremento, así, de golpe de 22 por ciento.
La naturaleza odia los espacios vacíos. Y eso es de aplicación general.
Por eso, los gandallas (perdón, quise decir los transportistas) analizan con detalle hasta donde puede llegar la autoridad en caso de que se inconformen lo suficiente como para causar trastornos a los usuarios, la cadena más débil del eslabón.
Y eso es cuestión de poco tiempo.
