Uno de ellos fue el fraude masivo que provocó el levantamiento popular de la comunidad de Axochiapan contra funcionarios y empelados de la Comisión Nacional del Agua los que les atribuyeron cobros desmesurados a cambio de no clausurar los pozos de agua domiciliarios, aunque en realidad habían sido víctimas de un fraude orquestado por una mujer cuyo esposo trabaja en la citada dependencia federal.
La gente se vio obligada a hacer justicia por propia para garantizar la recuperación de su dinero, dada la desconfianza en los mecanismos legales, lo cual suena y es muy grave.
El otro caso tiene que ver con Huitzilac, cuyo alcalde declaró la semana pasada que no se debe transitar por la carretera que lleva a Toluca Vía las lagunas de Zempoala, porque no es segura.
De esa inseguridad ya todos sabíamos, pero nunca nos imaginamos escuchar a la autoridad jurisdiccional decir no que tuviéramos cuidado, sino que de plano no usemos esa vía por el peligro de ser asaltado (y muerto, según se ha visto) ante la escasa efectividad de la vigilancia policiaca.
En ambos casos estamos ante una circunstancia común de un vacío de poder atroz. El Estado, la autoridad, no hace sentir su presencia y quienes viven de delinquir imponen su ley, que es la de la selva.
Lo anterior podría explicarse –que no justificarse- en estados inmensos o con una geografía difícil, como Chihuahua o Guerrero, pero no en Morelos, donde las lagunas de Zempoala están a pocos kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos.
Creo que en ambos casos se requiere que desde la Secretaría de Gobierno se pongan a trabajar y que el secretario de Seguridad Pública demuestre su eficacia. Claro, también implica esto a la Procuraduría General de Justicia, pues todos los delitos cometidos hasta la fecha deben investigarse y los responsables recibir castigo. No como ahora, que gracias a la impunidad han logrado imponer –terriblemente- su ley.
