Aunque la jugada chueca del Congreso no funcionó porque –dicen que intencionadamente- el decreto correspondiente no se aprobó a tiempo para el próximo proceso electoral, con esto se acaban las intenciones de ejercer la impunidad a extremos nunca antes vistos por parte de los legisladores.
Claro, todos los que manejan los partidos políticos encuentran otras vías de escape para esa pulsión que tienen para fregar al próximo, pero al menos por ese camino que hemos reseñado no se les hizo.
Por supuesto, el interés tiene pies y al rato los promotores de esa anulación buscarán la manera de sacarle provecho.
Mientras tanto, nos quedaremos a la espera de un mecanismo que castigue reformas con intención de favorece a personas o grupos determinados. La ley ya contempla penalizaciones, peor no hay forma de aplicarlas.
Pingo -el perro que en la casa de ustedes se siente el amo- levantó la patita para opinar (o mejor dicho: metió su cuchara) y traer al presente su vieja y casi inamovible aportación de castrar a los políticos abusivos. Y le digo lo mismo: el código penal no contempla esa sanción. (Pero quizá debería)