La petición es fuerte. El actual gobierno federal ha utilizado mucho ese mecanismo en su guerra contra el narcotráfico, a fin de que su Policía disponga de más tiempo, meses enteros, para fincar acusaciones contra las personas que son detenidas acusadas de vínculos delictivos.
La mala es que la aplica de manera generalizada aún para delitos que en estricto sentido no son los que contempla la ley.
Ignoro en detalle cómo se aplica, pero que la ONU considere la medida como equivalente a una desaparición forzada habla de que se le debe poner límites.
La “guerra contra las drogas” fue el pretexto para un cambio en la legislación penal, que actualmente es más restrictiva e invade otras esferas, aunque nadie lo ha analizado a detalle y los pocos que lo han hecho carecen del eco mediático necesario, porque ni Televisa ni TV Azteca los toman en cuenta.
En Morelos el anterior gobierno limitó las libertades individuales, especialmente las de las mujeres, quienes ya no pueden ejercer libremente el derecho constitucional a interrumpir un embarazo si concurren algunas causales.
A nivel nacional hemos perdido más, pero el miedo que provoca la violencia hizo que nadie se fijara o que viéramos para otro lado.
El próximo gobierno tiene muchas cosas qué revisar. Aunque seguramente las tentaciones autoritarias dejarán las cosas como hasta ahora.
Sería una lástima, pero debemos contemplar esa posibilidad.
