Ayer le tocó a la que fuera contralora en el gobierno de Manuel Martínez Garrigós, que por supuesto no cumplió adecuadamente con sus funciones, aunque no la encarcelaron por eso, sino por la responsabilidad que adquirió mientras fue tesorera en la alcaldía de Tepoztlán.
Hay más en la lista, incluidos algunos ya bajo proceso, como el alcalde que suplió al ya citado Martínez Garrigós, quien por cierto ni se preocupa de estas cosas porque goza aún del fuero constitucional, una herramienta jurídica capaz de proteger contra cualquier caso de delitos, y aderezada, por si algo faltara, con la complicidad de los otros legisladores, que no han intentado siquiera iniciar un procedimiento para dejar sin esa protección a alguien que no está acusado de cualquier tontería, sino de desviar alrededor de mil millones de pesos de dinero público.
Y "desviar" es una forma delicada de decir robar. No siempre significa eso. A veces puede señalar que el dinero destinado a una cosa se usó en otra diferente, pero de interés público.
Desafortunadamente en Morelos pocas veces significa eso, ya que está más relacionada con la acción de robar.
Pero quitarle el fuero a Martínez Garrigós obligaría a quitárselo también a los corruptos de otros partidos. Y la protección mutua que desde hace años se dan esos corruptos hace imposible tal maniobra.
De todos modos cada vez es mas insostenible meter a la cárcel sólo a gente del PRI y del PAN. Miguel Ángel Rabadán, ex alcalde de Jiutepec, o cualquiera de sus compañeros de partido que gobernaron con las uñas largas y que hoy carecen de fuero, deberían de comenzar a preocuparse.