El fueron constitucional que aún favorece a los diputados locales es el menor de los problemas, porque la red inmensa de impunidad que a lo largo de los años han construido los partidos políticos nos deja inermes ante todo tipo de abusos.
Los políticos que hoy están en la cárcel están allí más por confiados e ingenuos que por los delitos que cometieron.
Manuel Martínez Garrigós es el ejemplo máximo de impunidad, pero no el único. Y aunque digan que no, la ciudadanía ya no cree en la aplicación de la justicia, por lo selectiva que resulta la movilización del aparato gubernamental.
Las elecciones están secuestradas. No podemos votar por los mejores, sino apenas por los menos malos, pero no hay garantía de que estos últimos ganen.
El diputado federal Javier Orihuela García es otro ejemplo de lo descompuesta que está la sociedad. A pesar de todo lo que hizo en contra de la ciudadanía cuando fue alcalde, hoy vive bastante bien de sus ingresos como legislador y no tiene miedo de caer en la cárcel.
Agustín Alonso Mendoza se libró de la prisión no porque fuera inocente, sino porque un error de forma en su proceso le permitió librar los cargos y volver a postularse al mismo puesto en el que había incurrido en evidentes abusos.
Gustavo Rebolledo fue regidor, diputado local y alcalde y en cada uno de esos puestos cometió excesos. Terminó brevemente tras las rejas porque buscaban un chivo expiatorio, pero ya está libre y seguramente evitará recibir una condena.
Los partidos hoy se pelean por la seguridad, al siguiente por el manejo presupuestal, y luego por la educación o la salud, pero apenas para tener pretexto para hacer su mejor juego: exprimir los recursos públicos para favorecer a los suyos, lo mismo mediante el uso laxo del presupuesto que mediante la nómina oficial, llena de gente que no debería estar allí.