La facilidad para obtener una buena mordida a cambio de tramitar un papel o dejar de hacerlo hizo que poco a poco se dejara de aplicar la legislación en la materia.
Eso hizo crecer lo mismo el número de transportistas sin concesión, que la impunidad en el cumplimiento de los requerimientos más básicos.
Desde la antigüedad de los vehículos usados en la prestación del servicio, la obligación de contar con seguro contra daños (hay una salida: al contratar uno por daños a terceros permite cumplir requisitos aunque a la hora de un percance haya sorpresas para los afectados) las condiciones mecánicas de los autos y la preparación de los conductores, el buen trato a los usuarios y muchas cosas más son letra muerta.
Algunas organizaciones de transportistas se esmeran por dar un buen servicio, pero ese esmero no llega a niveles perceptibles, y aparte consideran que le hacen el favor a los pasajeros, que por su lado pagan un servicio caro, lento y de mala calidad.
Hoy, el problema mayor es la permisibilidad para que cualquier ciudadano que previamente se haya puesto a mano con la autoridad correspondiente preste el servicio de transporte.
Eso ocurría antes sólo en el caso de los taxis, pero ahora hasta los ruteros sufren por esa incursión.
Y lo peor es que a pesar del exceso de servicio, los precios no bajan, sino al contario.
Apenas ayer veía la lista de tarifas de algo que se anuncia como “taxi seguro” en algunas terminales de autobuses de Cuernavaca. Y esa seguridad la cobran batante bien, aunque sean los taxis de toda la vida.
El secretario de Transporte permite eso y más. Debe ser muy feo estar en su lugar, porque los cargos de conciencia que enfrenta han de ser terribles.
Le debe costar trabajo ver a la cara a su familia cuando gasta su dinero. O a lo mejor no.
En estos tiempos ya no hay certeza de nada.