Romualdo Ixpango Merino, presidente de la organización, dijo que “la información que tenemos indica que de los tres espacios, uno ha sido cedido a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), por su afinidad con el gobernador Graco Ramírez Garrido, pero las otras dos están arrendadas”.
Incluso sostuvo que “igualmente sabemos que el subsecretario de Desarrollo Rural, Rogelio Díaz Crespo, es el encargado de ir a cobrar las rentas, por cuyos compromisos no da recibo alguno, es decir, lo menos que se puede deducir es que se quedan con esos 80 mil pesos”.
También reclamaron el cumplimiento en la entrega de recursos para diversos programas del campo, cuyos proyectos fueron ya aprobados, así como la entrega de fertilizantes, aunque manifestaron que la excusa es siempre que no hay dinero, y destacó el dirigente que “a nosotros nos salen que no tienen de donde agarrar para ayudarnos, pero sí se gastan cientos de millones de pesos en un estadio que a nadie beneficia y él mismo anda en pre campaña electoral nacional con dinero del pueblo”.
EVALUACIÓN POLICIACA, ¿UNA FARSA?
En otro asunto, personal de la Comisión Estatal de Seguridad afirma que a diferencia de lo que públicamente se afirma, en la dependencia no se cuenta con un manual de reglamento para la aplicación de exámenes de evaluación y sólo es un instrumento para correr a la gente.
Incluso aseguraron que muchos directores y jefes de departamento que laboraban en el área administrativa de la comisión, nunca hicieron las pruebas respectivas, y aquellos que fueron enviados a México para tal efecto las reprobaron, sin embargo, fueron dados de alta en Torre Morelos.
Incluso, recordaron que cuando José Herrera Chávez fungió como secretario técnico del Sistema Estatal de Seguridad, despidió a muchos elementos por no pasar los exámenes, pero en su mayoría fueron reincorporados en la CESP.
