Los primeros que aparecieron fueron los comerciantes que venden en los alrededores de la Plaza de Armas, porque cuando llegaron con sus mercancías se encontraron con que había una muralla policiaca en su entorno, decenas de agentes estatales y municipales resguardaban los espacios a fin de impedir que se instalaran con los puestos.

Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, buscó apoyarlos para convencer a los uniformados de que les permitieran desarrollar su trabajo; fue imposible, sólo les ofrecieron una reunión al filo del medio día.

Pero como ocurre desde hace ya casi dos semanas continuas, un pequeño grupo de antorchistas volvieron a situarse entre el kiosco y el Palacio de Gobierno, para luego realizar bloqueos intermitentes en la calle Galeana, generando embotellamientos y desvíos en el tránsito.

Más tarde, maestros de la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y jubilados, partieron de la zona sur de la ciudad hacia el Centro, continuando con sus protestas por la reforma educativa y otros por prestaciones no pagadas de parte del gobierno estatal.

Pero si eso no fuera suficiente, unos 30 padres y madres de familia de una escuela de Temixco se sumaron a las expresiones de inconformidad. Éstos acusaron al gobernador Graco Ramírez de ser un ladronzuelo, una “rata de caño”, dirían en una de sus pancartas. Dijeron que los planteles se encuentran a merced de los delincuentes, que no hay cómo contratar vigilancia, porque el tabasqueño se robó hasta el dinero que era para no pagar las cuotas escolares. Entonces demandan la reintegración de esos recursos que en total para el sistema de educación básica son cercanos a los 70 millones de pesos.