El abogado laboralista Juan Juárez Rivas dice que un finiquito de ocho mil o diez mil pesos en principio, puede escalar cantidades impagables al paso del tiempo porque las resoluciones se vuelven eternas, cuando los laudos salen, el patrón seguramente deberá pensar en sumas de cientos de miles de pesos por las prestaciones, los salarios caídos, multas y recargos.
Pero igualmente anticipó que si en esta ocasión se hace valer la ley, con la reforma en la materia, cualquier demanda laboral no podrá excederse de un año en su dictamen, lo que representaría una ventaja considerable con lo que aún seguimos viviendo, demandas que se desahogan luego de cuatro o cinco años.
Pero del mismo modo insiste en que además de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) no disponen de personal suficiente, tienen serios problemas de capacitación y profesionalización, hay mucho desconocimiento de la ley en la mayor parte del personal y eso cuenta mucho, porque la ignorancia aquí no debe tener cabida.
Y si bien es cierto que existe cierta evolución muy lenta en el equipamiento y dotación de instrumentos tecnológicos a fin de agilizar las audiencias y acelerar las decisiones, todavía estamos lejos de lo ideal, se tiene que invertir mucho más en el rubro si se quiere alcanzar avances que se reflejen en los resultados.
De ahí que el rezago sea aún terrible, miles de expedientes que siguen esperando su promoción, en detrimento de igual número de involucrados que con todo derecho exigen respuestas, pero que éstas son casi imposibles por la ausencia de instrumentos para tal efecto.
