Recordaron que no obstante haber logrado una suspensión de amparo a fin de que las cosas se quedaran como estaban, hasta que los tribunales dieran una resolución en pro o en contra de las partes en conflicto, el secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras McBeath la violentó, presentándose con unos 300 elementos policiacos a destruir viviendas que ahí existían.
Sostuvieron que documentalmente probaron que así fue, a pesar de que el funcionario en cuestión lo negó reiteradamente. Pero lo que dicen, causa sorpresa, es que ya le admitieron a esa parte sus supuestas pruebas en el sentido contrario, además de que se pospuso una testimonial que ya estaba agendada y sin un argumento válido.
El temor de los afectados es que se venga manoseando el procedimiento, a fin de favorecer a la parte oficial en un asunto que no tiene legalmente manera de prosperar, porque no hay motivos para justificar la expropiación de tal superficie.
El asesor legal de los mismos recordó que la expropiación de los bienes inmuebles como el referido, sólo proceden cuando se trata de una utilidad pública. Aquí, el espacio se destinará para la construcción de un parque ecológico, pero con dinero de la iniciativa privada.
Y señaló que por encima de la violación a la suspensión que tienen, el fondo de esta lucha es por impedir que Santa Catarina sea despojada de esas casi 50 hectáreas que le corresponden a su núcleo agrario y lo que ocurre hoy son únicamente secuelas que se vienen dando en el camino.
