Mientras que la mayoría de ex diputados son “nuevos ricos” y andan en lujosos vehículos gastando lo que evidentemente no pudieron haber ganado en tres años ni ahorrando todo su sueldo, en las querellas que tiene la Fiscalía el detrimento que se puede demostrar es ínfimo y sólo servirá para que algunos abogados se lleven unos miles de pesos por concepto de honorarios.
Quien esto escribe obtuvo una copia de la primera denuncia que presentó la LIV Legislatura en contra de sus antecesores, a finales del año pasado.
Se menciona que es en contra de Francisco Alejandro Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, presidentes de la Mesa Directiva, Junta Política y de Gobierno y presidenta del Comité de Vigilancia, respectivamente, así como de la probable participación de Jorge Michel Luna, quien fuera secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Martha Patricia Bandera Flores, secretaria de Administración y Finanzas en la Legislatura LIII.
Los denunciantes no aportan ni siquiera los domicilios de los probables imputados. “Manifestando bajo protesta de decir verdad que desconocemos el domicilio en donde pueden ser localizados, sin embargo, los mismos pueden ser ubicados en los archivos de la Secretaría de la Contraloría y/o del Ente Superior de Fiscalización del Congreso, por lo que solicitamos se gire oficio a dichas instituciones para que proporcionen los domicilios de los antes mencionados”.
Ya desde ahí les están dando facilidades para que no se dejen notificar. Imagínese cuánto va a costar ir a notificar a Francisco Moreno Merino, actual delegado del PRI en Quintana Roo.
En su denuncia, los diputados José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo Cortéz, Ana Cristina Guevara Ramírez, Blanca Nieves Sánchez Arano y Marcos Zapotitla Becerro, refieren que con fecha 1 de septiembre del 2018, “los suscritos tomamos protesta como diputados integrantes del Poder Legislativo conformando la LIV Legislatura, por tal motivo, los que suscriben tenemos la obligación de responder y revisar el uso que se le dio a los recursos públicos que fueron entregados a la anterior legislatura”.
“Ante la exigencia de la sociedad, mediante oficio CGYGJ/JCG/12/09/18 de fecha 26 de septiembre del año 2018, emitido por el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado, se le solicitó información al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, específicamente la información que versa sobre las retenciones de los años 2015, 2016, 2017 y lo transcurrido en el 2018, siendo que a los trabajadores del Congreso se les retienen cantidades de dinero descontadas de su sueldo, para que quincena tras quincena este dinero junto con la aportación que al Poder Legislativo le corresponde, por lo que era una exigencia conocer qué se había hecho con este dinero retenido y si había sido enterados el Instituto de Crédito”, dice el documento.
En atención al oficio mencionado, el 27 de septiembre del 2018, el licenciado Artemio Aguilar Bahena, coordinador operativo del ICTSGE, todavía bajo instrucción de la directora general Paula Trade Hidalgo, refiere que adjunta el estado de Cuenta firmado por el personal autorizado de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Crédito.
Ahí se menciona que se firmaron dos convenios entre el Congreso y el Instituto de Crédito, uno en 2017 y otro enero de 2018 donde el Congreso se comprometía a entregar el dinero correspondiente a los últimos cuatro años, y que sumados daban la cantidad de 23 millones 760 mil pesos.
Dan cuenta del oficio DIP/BVA/PMD/0065/03/2017 de fecha 23 de marzo del 2017, “suscrito por la diputada Beatriz Vicera Alatriste y dirigido al entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, giró instrucción de que con el dinero no presupuestado el entonces secretario de Hacienda de forma directa pagara con dinero propio del Congreso del Estado al Instituto de Crédito el importe de los adeudos que se tenían con el Instituto originados con la falta de pago de aportaciones y la no entrega de las retenciones realizadas a los trabajadores del Congreso, es decir, con dinero del Poder Legislativo se afrontaría una deuda que no era propia ni derivada de gasto corriente, pasivos propios ni saldos previamente presupuestados, por el contrario, sólo se ordenó pagar el adeudo causado de un desvío de recursos”.
Todo lo anterior se copió textual de la denuncia, y si usted estimado lector no le entiende, le ofrezco una disculpa porque su servidor tampoco, pero eso dice.
Luego reproduce íntegramente lo que reza el artículo 279 del Código Penal:
“Comete el delito de peculado “el servidor público que por culpa, descuido, negligencia, falta de previsión, de cuidado o por impericia, efectúe, autorice, o de cualquier forma participe, permita o genere condiciones para la distracción de su objeto de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, que por razón de su cargo hubieren recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.
Y eso es todo.
En diez cuartillas escritas a doble renglón para que se vea que es mucho, la LIV Legislatura le imputa a los ex diputados antes mencionados, al secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y a la secretaria de Administración y Finanzas del Congreso, el delito de Peculado por poco más de 23 millones de pesos.
HASTA MAÑANA.
