Era el 14 de diciembre de 2010 y se celebraba el CXLI aniversario de la creación del Tribunal Superior de Justicia, pero más que la trascendencia histórica, esa fecha sería recordada como el día que el PAN-Gobierno se apoderó del Poder Judicial, o por lo menos cuando tuvo el mayor control de sus integrantes.
El Partido Acción Nacional llevaba exactamente 10 años intentando que el gobernador pudiera influir en las decisiones jurisdiccionales.
Habrá que recordar que el primer magistrado “cien por ciento panista” que logra meter el blanquiazul al TSJ es Andrés Hipólito Prieto, con el antecedente de haber sido el consejero jurídico de Sergio Estrada en el Ayuntamiento de Cuernavaca (circunstancia que utilizó Ricardo Rosas para negarle la ratificación, y que lo mantuvo durante meses fuera del TSJ hasta que ganó el amparo y se convirtió en inamovible).
Sin embargo, el Pleno siguió siendo dominado por diferentes grupos, ninguno afín al panismo. En el 2004 llegó a la presidencia Ricardo Rosas Pérez impulsado por lo que quedaba del llamado grupo de “Los Federales” (llamados así porque todos provenían del Poder Judicial Federal) que lideraba el magistrado Jesús Dávila Hernández. Ya en el cargo de presidente, Ricardo Rosas rompió con Dávila y formó su propio grupo de incondicionales, con el que logró sostenerse en el poder durante 6 años y ya había logrado una tercera reelección para llegar a ocho pero el presidente Felipe Calderón influyó en la Suprema Corte para que le retiraran el amparo que lo sostenía en el puesto.
Y es que Ricardo Rosas Pérez negoció con los panistas del nuevo gobierno (a través de Javier López Sánchez) para que entrara al TSJ la ultraderechista Leticia Taboada a cambio de que ratificaran a magistrados afines a él y lograr así su primera reelección, pero en cuanto la consiguió rompió con la administración de Marco Adame.
Tres factores fueron determinantes para que los poderes Ejecutivo y Judicial no se llevaran bien durante esos últimos cuatro años del sexenio: el caso del juez Prisciliano Sedano, acusado de irregularidades graves y quien fue protegido hasta sus últimas consecuencias por Rosas Pérez; la designación de Pedro Luis Benítez Vélez (amigo íntimo de Jesús Dávila) como procurador de Justicia; y el intento del Congreso (dominado por panistas) de “madrugar” al Poder Judicial con una ley que terminaba con la inamovilidad de los magistrados, lo que finalmente lograron.
Pero en el 2009, tras el triunfo apabullante del PRI en las elecciones intermedias, estaba más que anunciado que, llegando los nuevos diputados, se daría marcha atrás a la ley anti inamovilidad.
Por eso fue que, a unos días de dejar el cargo de presidente de la Junta Política y de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez encabezó la operación para designar a seis nuevos magistrados que tuvieran como característica ser afines al panismo y/o estar en contra de Ricardo Rosas Pérez.
Así, fueron nombrados magistrados del TSJ Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, el primero ex representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral y el segundo ex presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cargo subordinado al gobernador. Completan la lista Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Castro Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín.
Ellos, a pesar de tener el nombramiento, no pudieron asumir el cargo sino hasta que la SCJN lo ordenó, en una clara operación política manejada desde Los Pinos. Dicen que fue necesario que el presidente Felipe Calderón hablara con el presidente de la Suprema Corte para dejar sin efectos el amparo que mantendría a Ricardo Rosas en el poder.
Y es que el 17 de mayo del 2010 los magistrados opositores a Rosas intentaron arrebatarle la presidencia mandando como candidato a Miguel Ángel Falcón Vega, pero Ricardo hizo valer su voto como desempate y en una polémica sesión de Pleno se declaró presidente para el nuevo periodo que culminaría el 17 de mayo de 2012.
Así, el 2 de julio de 2010, con una resolución de la Corte en mano, los magistrados “panistas” llegaron a apoderarse del TSJ prácticamente a fuerzas. Fue memorable la escena del magistrado Andrés Hipólito sacando a empujones a Javier Pérez Carmona, “brazo derecho” del defenestrado presidente Rosas Pérez.
Derrocado Rosas Pérez y con los nuevos magistrados integrados al Pleno, la mayoría decidió apoyar a Miguel Ángel Falcón Vega, quien sólo estuvo dos años, coincidentemente los últimos dos del gobierno de Marco Adame Castillo.
Durante todo ese tiempo el jefe del Ejecutivo fue bien recibido en todos los eventos oficiales del Poder Judicial, a diferencia de cuando estaba Ricardo Rosas, a quien siempre le mandaban un representante.
Falcón Vega fue sustituido por la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez. Ella llegó a través de la operación política del priísta Matías Nazario Morales. El entonces coordinador de campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Amado Orihuela Trejo, hizo creer a los magistrados que el PRI ganaría las elecciones del 2012 y que era deseo de Orihuela Trejo que Nadia presidiera el Poder Judicial.
Así fue como el 17 de mayo de 2012 Nadia Luz María Lara Chávez ganó la presidencia y la conservó durante 4 años, hasta que el 17 de mayo de 2016 Carmen Verónica Cuevas López obtuvo 11 de los 16 votos del Pleno, convirtiéndose en titular del Poder Judicial, cargo que refrendó el pasado 17 de mayo del 2018, por lo que inevitablemente deberá dejar el cargo en mayo del próximo año.
Ricardo Rosas Pérez, quien fuera presidente del TSJ por seis años y derrocado por el gobierno de Marco Adame Castillo, acaba de obtener una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena otorgarle una pensión jubilatoria al 100 por ciento y pagársela en forma retroactiva, algo así como 12 millones de pesos.
HASTA MAÑANA.
