Después de ocho meses de inexplicable espera, ayer tomaron protesta los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos, en un evento que tuvo como escenario el Salón de Comisiones del Congreso Local. Sin embargo, parece que muy pocos entienden la relevancia de estos nombramientos y la responsabilidad que van a tener.
El Comité quedó conformado por Roberto Coránguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.
Este nuevo órgano tiene varias características que ayer resaltaron los diferentes protagonistas que participaron en la ceremonia.
Las designaciones fueron escalonadas para evitar que los relevos sean en bloque y al mismo tiempo para evitar componendas al interior del órgano. Así, Roberto Coránguez sólo estará en el cargo un año, lapso en que será presidente del Comité sin posibilidad de reelección. Penélope Picazo estará dos años; Edgar López, tres; Maria Damiana Herrera, cuatro; y Alejandro Enríquez estará cinco años.
El otro aspecto interesante es que ellos no fueron electos por los diputados. En el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 27 de abril de 2017, la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, convocó para elegir a nueve ciudadanos, de preferencia morelenses, para integrar la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dejando sin efecto la designación del Comité de Participación Ciudadana de fecha 2 de septiembre de 2015, por haberse llevado a cabo sin sustento jurídico (varios miembros se fueron al amparo y lo perdieron).
De esa manera se garantizó que fueran ciudadanos los que eligieran a otros ciudadanos para encargarse del sistema estatal anticorrupción.
Y ayer lo dijeron muy claro tanto la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como la integrante del Comité de Selección, Valentina Jiménez Franco: ellos no le deben el cargo a nadie.
“Señoras y Señores del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, les digo que hay un simbolismo en la toma de protesta, porque Ustedes no se deben al Gobernador, porque su cargo no se lo consiguieron unos Diputados, ni siquiera los poderes fácticos. Su mandato se los ha entregado el pueblo, a ellos, a la sociedad son ante quienes pueden doblar la rodilla”, dijo en su discurso Tania Valentina.
Resaltó que por primera vez en sus 150 años de historia de nuestra entidad, un ciudadano va a coordinar todo el Sistema Estatal Anticorrupción. Bajo su coordinación estará el Fiscal Anticorrupción, el Contralor del Estado y el contralor de los municipios; el presidente del IMIPE; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
Y desde la tribuna, la máxima autoridad del Congreso hizo un llamado al secretario de Hacienda “para que sin dilación ni pretextos, le dote al Comité de Participación Ciudadana, de una partida presupuestal suficiente y creciente, para que cuenten con oficinas, vehículos, muebles y equipos de cómputo y comunicación, así como de personal calificado para desempeñar todas las atribuciones que la Ley les confiere”.
“Y que nadie se haga bolas, en la aprobación del Presupuesto 2019, en tres artículos del decreto, le dotamos al Poder Ejecutivo, de las atribuciones para aumentar, disminuir y transferir partidas presupuestales, de modo que no tiene que venir al congreso por autorización alguna, simplemente ya la tienen, les pido la ejerzan”, acotó la diputada Tania Valentina.
Presente como invitado especial, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Octavio López Presa, recordó que el 27 de mayo de 2015, ante la urgente necesidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, fue reformado el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da nacimiento Constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, como entidad coordinadora de las autoridades de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, contando además con el elemento ciudadano en la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), como eje rector del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.
De acuerdo con la parte final del artículo 113 Constitucional, establece que las entidades federativas conformarán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada en julio de 2016, es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como para todas aquellas figuras en donde se apliquen recursos públicos.
Con esto queda completo el Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, viene lo más difícil: encontrar a los corruptos.
Y es que ocurre lo mismo que con la delincuencia: los delincuentes no andan con un gafete que diga “soy delincuente” y dispuestos a confesar todas sus fechorías. Al contrario, se mezclan entre las personas de bien y para comprobarles sus delitos las instituciones tienen que hacer uso de todos sus recursos humanos y materiales para comprobar el ilícito.
Los persecutores de la corrupción se enfrentarán a que el corrupto hará todo lo posible por parecer un servidor público ejemplar. Los “moches” no se reflejan en transferencias bancarias ni se pagan en cheque ni tampoco se dan recibos.
El corrupto es cuidadoso de que no lo descubran. De ahí que todo el sistema anticorrupción debe trabajar coordinada y armónicamente para no ser un “elefante blanco” más de los muchos que ya hay en el gobierno.
HASTA MAÑANA.
