El 12 de junio del 2017 el gobierno de Graco Ramírez citó a una inusual conferencia de prensa. En el salón Bicentenario apareció la figura de doña Adriana Flores Garza, quien durante casi todo el sexenio fue secretaria de Hacienda pero en los últimos dos años la mandaron a “limpiar la casa” desde la Secretaría de la Contraloría.
Nunca daban conferencias para hablar de actos de corrupción del propio gobierno. Pero en esa ocasión el anunció dejó con la boca abierta a reporteros y funcionarios:
“La Contraloría General del Estado de Morelos detectó irregularidades graves en el proceso para expedir concesiones de taxis por lo que ordenó su cancelación, destituyó a cinco altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte y dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que realice las investigaciones correspondientes”, informó la funcionaria.
En la “operación limpieza” que llevó a cabo la secretaria de la Contraloría no se incluyó al titular de la dependencia en ese momento, Jorge Messeguer Guillén, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Graco Ramírez Garrido, quien dejó el cargo para ser candidato del PRD a presidente municipal de Cuernavaca y tras una contundente derrota regresó al cargo de secretario de Movilidad y Transporte.
De acuerdo a lo informado por Flores Garza, entre las principales irregularidades detectadas están las siguientes:
La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; la información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.
Por lo anterior, fueron dados de baja el director general Jurídico, Jesús López Lobato; el director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, Jorge Xavier Guevara Ramírez; el subdirector de Servicios y Concesiones, el director de Procesos Internos y el actual delegado en Cuautla.
“La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034; las otras tres mil 357 solicitudes no están en condiciones de continuar el trámite, el gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”, declaró.
Por cuanto a la posibilidad de que estos funcionarios hayan solicitado dinero a los solicitantes de concesiones a cambio de ser favorecidos, la funcionaria dijo que sería la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de hacer las investigaciones correspondientes, y sancionar penalmente a quien resulte responsable.
Pero a dos años de esa inusual conferencia de prensa no hay personas inhabilitadas ni mucho menos encarceladas.
Todo parece indicar que se trató de una operación para quitarle el control de la Secretaría de Movilidad y Transporte a Jorge Messeguer Guillén, quien –a decir de personas cercanas al gobierno- nunca le cayó bien a Rodrigo Gayosso Cepeda.
De hecho, hay quien asegura que el día de las elecciones intermedias en el 2015, Gayosso dio instrucciones para que los votos de su gente no fueran para el candidato del PRD, que era Jorge Messeguer, sino para el candidato del PSD.
Desde entonces había una rivalidad al interior del PRD entre Messeguer y el hijo del gobernador. No obstante que Jorge fue –junto con Gerardo Becerra- los que encabezaron el movimiento que derrocó al gobierno de Jorge Carrillo Olea, el entonces gobernador prefirió hacer lo que Rodrigo proponía: quitarle la SMyT a Messeguer y usarla para ganar las elecciones del 2018.
Lo peor es que no hubo la mínima cortesía para Jorge Messeguer Guillén por parte del gobernador. Presentó su renuncia a los 15 días de la conferencia de prensa de Adriana Flores Garza, molesto porque no había realmente actos de corrupción atribuibles a sus subordinados.
En su lugar se quedó David Martínez Martínez, quien desde antes operaba para Rodrigo Gayosso desde una posición menor en la SMyT. En marzo del 2018 José Ascensión Monter Sanjuan, asumió formalmente la secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Monter Sanjuan se desempeñaba como encargado del despacho de la dependencia desde hacía varias semanas por lo que sólo rindió protesta formal para hacerse cargo de la SMyT, en la cual ya había laborado como director general de Transporte Público, Privado y Particular, así como subsecretario de Movilidad y Transporte.
Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia.
Pero, como ya todos sabemos, el proyecto les falló y los transportistas le recibieron el dinero al Partido de la Revolución Democrática pero votaron por la Alianza Morena-PES-PT.
Y es que ya Graco Ramírez siendo candidato en el 2012 les había ofrecido concesiones para los auténticos trabajadores del volante pero ya como gobernador nunca les entregó placas, sólo unos permisos en papel. Es decir, “atole con el dedo”.
HASTA MAÑANA.
