Cada año, el gobierno del Estado tiene que apartar del presupuesto una cantidad de dinero que oscila en unos 800 millones de pesos, mismos que (metafóricamente hablando) lanza a un pozo sin fondo. No es para obras, no es para medicinas, es para mantener a miles de personas que están pensionadas, es decir, que cobran pero sin trabajar, o si trabajan lo que ganan es aparte.
Desde un punto de vista optimista se diría que toda esa gente ya desquitó lo que le están pagando con muchos años de trabajo, y que para eso durante todo el tiempo que cobró en gobierno, una parte de su sueldo le fue retenida precisamente para su jubilación.
Pero desde un punto de vista realista, la verdad es que todo ese dinero que el gobierno le descontó de su quincena durante décadas no lo ahorró, sino que se lo gastó.
Y aunque debemos reconocer que gran parte de esos jubilados y pensionados sí cumplieron al pie de la letra con los requisitos para obtener esa prestación legal, muchos de ellos la obtuvieron con trampas.
Ayer platicaba con un conocedor del tema que labora en el Congreso del Estado y me comentaba que, efectivamente, la LIII Legislatura fue la que otorgó pensiones de manera burda, cínica, escandalosa, pero que si nos diéramos a la tarea de analizar las jubilaciones de las anteriores legislaturas, nos encontraríamos con que ha habido un saqueo descomunal al erario estatal.
Morelos tiene una de las legislaciones más benévolas con sus trabajadores burócratas. Y no solamente porque es de los pocos donde se conceden tres meses de aguinaldo sin argumento alguno, sino porque una jubilación la puede obtener casi cualquier persona que tenga el dinero o las “palancas” necesarias.
Y es que la ley no contempla ninguna medida para garantizar que la documentación que presenta el peticionario realmente corresponde a la realidad. Basta con presentar un documento con sello y firma de un Ayuntamiento o de una dependencia para dar por hecho que esa persona trabajó el tiempo que ahí se estipula.
A manera de broma, comentábamos ayer con este servidor público que a Julio Espín Navarrete las dos veces que fue presidente municipal se le echaron a perder los archivos por las lluvias, en tanto que en Huitzilac un incendio acabó con todos los documentos que estaban resguardados.
El proceso de cancelación de pensiones que está realizando la actual legislatura será una buena oportunidad de ver si se puede impedir o no este robo al erario. Será una especie de experimento en el que mucho tendrán que ver los criterios que apliquen los jueces de Distrito ante los cuales ya están recurriendo muchos de los que fueron rechazados.
Vamos a ver en cuántos casos “pagan justos por pecadores”, es decir, que habiendo reunido los requisitos de ley, se vean afectados al ser metidos en una misma bolsa donde están los deshonestos.
Y vamos a ver en cuántos casos los ex servidores públicos “se van riendo” luego de obtener sendos amparos de la Justicia Federal.
Consideramos que cualquiera que sea el resultado la Cámara de Diputados no debe quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se burlan los beneficiarios de las llamadas “pensiones doradas”. Los diputados deben reformar el marco legal para que no se repitan este tipo de trampas que lesiona la de por si deteriorada economía del Estado.
Lo ideal sería que los diputados de la LIV Legislatura realmente quisieran pasar a la historia y dijeran un “ya basta” al saqueo del erario a través de la jubilaciones. Se requieren pantalones para decir “ni un jubilado más”, y que de aquí en adelante esa prestación se conceda solamente para quien demuestre rigurosamente que lo merece y en cantidades asequibles.
También, se requieren pantalones para desaparecer un aguinaldo de tres meses que fue instituido por un gobernador para quedar bien con sus gobernados pero que es el equivalente a dejar endeudada la entidad para el resto de sus días.
¿Por qué los burócratas de Morelos reciben tres meses de aguinaldo si en otros estados y en la Iniciativa Privada lo normal son 30 días?
Si derogaran esa disposición se ahorrarían muchos millones de pesos, pero no habrá diputado que lo proponga porque se echaría encima a todos los trabajadores, tanto en activo como jubilados.
Por otra parte, también tenemos otro problema: muchos de los actuales funcionarios ya están jubilados por el gobierno estatal y cobran a través de honorarios.
Comenté esa situación recientemente con Juan Manuel Díaz Popoca, experto en derecho laboral y que irónicamente es uno de jubilados que siguen trabajando. Me decía que hay una ambigüedad en la Ley. Es decir, que si bien no dice que una persona que está jubilada en el gobierno del estado puede trabajar por honorarios, tampoco hay una prohibición expresa. Luego entonces, lo que no está prohibido está permitido, y eso lo aprovechan muchos funcionarios que reciben sueldo y pensión.
Díaz Popoca coincidió con este columnista en que es necesario terminar con esa ambigüedad en la Ley del Servicio Civil que afecta los recursos del erario y que no da oportunidad a nuevos profesionistas de integrarse a la administración pública.
Y nunca como ahora es indispensable pensar en la creación de un Instituto de Pensiones como el que ya existe en algunas entidades de la República. Que a partir de ahora lo que se les descuente a los trabajadores sea integrado a una cuenta (de la que no pueda disponer el gobierno del Estado), para que ese dinero se multiplique y en el futuro sirva para dar una pensión digna a las personas que hayan cumplido con los requisitos.
Sólo falta saber qué diputados se van a aventar el tiro, pues los que lo han intentado han salido “trasquilados” políticamente hablando.
HASTA MAÑANA.
