El pasado viernes quedó cerrado el proceso de registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización. Se inscribieron 29 personas que creen tener las cualidades para dirigir tan importante institución que en teoría debería liderar el combate a la corrupción, pero que en la práctica sólo ha servido para negociaciones y venganzas políticas.

La lista de candidatos es la siguiente:

José Luis Heredia Guzmán, Francisco Alva Meraz, María del Carmen Quintanilla Miranda, Priscila Hernández Cruz,  Uriel González Sotelo, Guillermo Benítez Hernández, Erika Amezcua García, Jesús Urióstegui Beltrán, Rosendo Franco López, Carlos Flores Zarza, Carlos Alberto Santiago Pimentel, José Rafael Cuevas Pinzón, José Luis Carbajal Zagal, Miguel Ángel Romano Fuentes, José Luis Flores Servín, Víctor Hugo Vargas Ángeles, Miguel Ángel Salgado Ulloa, Víctor Hugo Barranco Dirzo, Hugo Santana Craztitlan, Alfonso Martínez García, Paola Garfias Portugal, José Manuel Badillo Jiménez, Elizabeth García Osorio, Isabel Arellano Vargas, Edgar Ibarra Martínez, Miguel Ángel Flores Mendoza, Adair Rosas Rueda, Blanca Estela Aldana Alejandre y Benjamín Salvador Romero Rogel.

Podría decirse que para la designación del titular de la ESAF se requiere preparación académica, experiencia, respaldo social, buena relación con las organizaciones de contadores, pero después de lo que ocurrió con la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos ya nos dimos cuenta que lo único que pedirán los diputados es obediencia ciega y –como ya es tradición– plazas para su gente.

A quien dude de esto último lo invitamos a analizar la nómina de lo que fue la Auditoría Superior y actualmente la Entidad Superior, para que vean cuántos incondicionales de diputados de hace varias legislaturas ahí están o estuvieron enquistados como un pago a cambio del voto.

En 2003 nació a la vida jurídica como Auditoría Superior Gubernamental y por mandato de la reforma constitucional al artículo 116 fracción II, de la  Constitución Federal, fue sustituida por la Auditoría Superior de Fiscalización en julio de 2008.

Fue presidida por el Auditor Superior de Fiscalización Gerardo Casamata Gómez, mismo que fue designado mediante el decreto 936 por un periodo de siete años, comprendido del 13 de octubre de 2008 al 12 de octubre de 2015, sin embargo tuvo que ser destituido del cargo, por habérsele encontrado inhabilitado para ejercerlo, al no cumplir con el apartado B, del artículo 84, con relación a la fracción VI del artículo 90, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En forma paralela, el Tribunal de Juicios Orales integrado por Berta Vergara Álvarez, Elvia Terán Peña y Martín Domínguez Casarrubias, determinó que el ex auditor era responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública, por lo que el 28 de enero de 2015 el ex funcionario fue condenado a tres años de prisión, pero nunca pisó la cárcel porque le fue concedido el beneficio de la libertad bajo fianza.

Con fecha 12 de junio de 2012 fue designado como Auditor Superior el Lic. Luis Manuel González Velázquez para concluir el periodo de siete años del C.P. Gerardo Casamata Gómez. Sin embargo con fecha 11 de diciembre de 2014, el Pleno del Congreso que controlaba en ese momento Graco Ramírez, desapareció “de un plumazo” la institución para evitar que se continuara la investigación sobre el uso de un préstamo de 2500 millones de pesos.

Vicente Loredo Méndez, personaje ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cumplió al pie de la letra lo que le ordenó la diputada local Lucía Meza Guzmán, autora de la iniciativa de reformas que dio vida a la Entidad Superior de Fiscalización: no dejar rastros de la investigación en contra de Graco, y no actuar en contra de ningún presidente municipal salvo aquellos donde hubiera disposición expresa, como fue el caso de Miguel Ángel Colín y Jesús González Otero, ex alcaldes de Temixco y Cuautla, respectivamente.

En aquella ocasión, la Entidad Superior de Fiscalización fue publicitada como “una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, que permita la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”.

“Nadie ocupará un cargo en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que no tenga el perfil adecuado, la capacidad para desempeñar su empleo y que sus actuaciones no se apeguen al estricto marco de la legalidad”, declaró Lucía Guzmán.

Según la iniciativa, se creó un Consejo de Dirección y un Consejo de Vigilancia, el primero de ellos como un órgano de consulta y deliberación de las estrategias institucionales al servicio de la Entidad Superior, el cual será presidido por el Auditor General e integrado por los Auditores Especiales y Directores Generales, y el segundo como un órgano dependiente de este Congreso, responsable de la vigilancia y el control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

Al final, Vicente Loredo se dedicó a “nadar de a muertito”, y cuando llegaron los nuevos diputados a preguntarle qué es lo que había hecho en estos tres años, dijo que no podía dar información porque estaría violando la Ley de Protección de Datos Personales.  Pero no hacía falta ser experto para darse cuenta de que protegió a diputados que terminaron su periodo en 2015, pues casualmente ninguno de ellos tuvo observaciones graves en sus cuentas públicas. A cambio de ello, recibió partidas extraordinarias de las que nadie sabe su destino.

Vicente Loredo presentó su renuncia en diciembre del año pasado y en su lugar quedó su discípulo, Uriel González Sotelo, quien se inscribió como aspirante para tratar de ocupar el cargo en forma definitiva.

Con estos antecedentes comprenderá usted, estimado lector, la responsabilidad que recaerá sobre el nuevo auditor, el que se supone no debe tener nexos con ningún partido para que las investigaciones no vayan con sesgo político.

Y algo muy importante: todos queremos saber dónde quedaron los casi 500 millones de pesos que recibieron los integrantes de la anterior legislatura tan sólo en el 2018.

HASTA MAÑANA.