Algunos magistrados maloras lo llamaron “el regalo de Dios” porque ellos nunca lo pidieron y llegó así nada más, como caído del cielo. Se trataba del decreto que fue publicado el 24 de febrero del 2017 en el periódico oficial, que concede a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.
El decreto establecía como único antecedente que, mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
“En consecuencia de lo anterior, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1213/16, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente”.
En su iniciativa, el economista y ex director del Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda de Cuautla, afirma que “I.- Ha sido menester de esta legislatura, analizar la legislación vigente y en su caso plantear la reforma pertinente, con la finalidad de dar cabida a mejores formas de ejercer la gobernanza a través de la implementación de correctas políticas públicas. Bajo esta premisa es que nos hemos conducido en un horizonte de estudio legislativo tendiente a lograr un eficaz marco jurídico que no se contraponga, sino que armonice con las disposiciones constitucionales, por tal motivo, la iniciativa que se presenta, tiene como finalidad, orientar y dar certidumbre a un tema que ha sido motivo de controversia, referente a la evaluación de magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
“II.- Resulta ampliamente conocido que en el año dos mil ocho, se dieron los primeros esbozos de una reforma del Poder Judicial y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó dicha reforma y concluyó que en su mayoría las disposiciones eran válidas. Sin embargo a varios años de distancia, de la vigencia de dicha norma, es necesario hacer el ejercicio reflexivo para dar cabida a nuevos espacios de interlocución social y atender el reclamo de los justiciables que gira en torno a que el artículo 17 de nuestra constitución federal, cobre vigencia de forma permanente”.
Así, con este tipo de “rollos mareadores”, el diputado perredista sustentaba la necesidad de cambiar la Constitución para que los magistrados pudieran durar en el cargo hasta 20 años, cinco más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y de la misma manera, dos años después subió a la tribuna un diputado casi desconocido que propuso echar abajo esa disposición y 15 de sus compañeros apoyaron su propuesta.
Pero todavía más sorpresiva fue la reacción de la presidenta de la Junta Política, Tania Valentina Rodríguez, quien exhibió el divisionismo que prevalece al interior del Congreso, y que hasta su compañero le lleva las contras.
“En el caso que nos ocupa, el señor diputado Galindo ha propuesto algo que podría ser interesante y que en algún momento podríamos transitar, pero se ha violado una norma clara y contundente que requiere de la elaboración previa de un dictamen. Dicho en términos políticos, se ha pretendido dar un albazo en esta sesión”, apuntó una molesta diputada Tania Valentina.
Y es que pareciera que el punto de acuerdo tenía como único objetivo un ataque mediático, pues jurídicamente (como lo han reconocido varios diputados y abogados) no tiene ningún efecto.
Ayer por la tarde el Tribunal Superior de Justicia fijó su postura a través de un comunicado en el que dejó en claro los alcances de la acción realizada por los legisladores:
“Los puntos de acuerdo son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de Ley, son pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”, dice el comunicado.
“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la Lógica Jurídica”, agrega.
Y advierte que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la Autonomía e Independencia de este máximo órgano de justicia”.
¿Quién le pidió al diputado Galindo que presentara esa propuesta? ¿Por qué 15 de los diputados estuvieron de acuerdo con él? ¿Quién ordenó el “albazo”? ¿Es ésta una venganza en contra de los magistrados que pretendieron someter a juicio político al entonces presidente municipal? ¿Sabían los diputados que su acción no generaría nada más allá de noticias de ocho columnas? ¿Por qué tanta molestia y férrea defensa de Tania Valentina? ¿Ya se hizo amiga de Carmen Cuevas? Fueron algunas de las preguntas que surgieron a raíz de lo ocurrido en la sesión del Pleno del pasado lunes.
Por cierto, no hay que olvidar que existe una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de aquel decreto (“el regalo de Dios”) que promovió el polémico presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito.
Lo malo es que la SCJN tiene fama de resolver los asuntos tan lentos, que si el asunto en cuestión versa sobre un recién nacido, la resolución llega cuando el niño está haciendo su primera comunión.
HASTA MAÑANA.
