Con la llegada a la gubernatura del Partido Acción Nacional en el año 2000, hubo un parteaguas en la relación entre los tres Poderes del Estado. El entonces presidente del TSJ, Víctor Manuel González Cianci no aceptó someterse a las órdenes del gobernador Sergio Estrada Cajigal; su sucesor, Ricardo Rosas Pérez, no solamente se le rebeló al mandatario Marco Adame Castillo, sino que libró una encarnizada lucha por mantenerse en el poder durante más de seis años.
La llegada de Miguel Ángel Falcón Vega como magistrado presidente marcó el fin de las pugnas entre el Judicial y los otros dos poderes, pero esto se dio cuando el panismo estaba a punto de dejar el gobierno. En esos 12 años los dos gobiernos panistas lograron meter a varios magistrados que comulgaban con su partido, pero nunca tuvieron los suficientes votos para ganar la presidencia.
La más beneficiada con la disputa entre magistrados por el control del TSJ fue Nadia Luz María Lara Chávez, una mujer que entró muy joven al Poder Judicial ocupando desde los puestos más modestos hasta llegar a ser Juez, y con la ayuda del entonces presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, fue nombrada magistrada numeraria en mayo del 2006.
Tras la salida de Ricardo Rosas y una desafortunada gestión del magistrado Miguel Ángel Falcón Vega en la presidencia, en mayo del 2012 Nadia Lara obtuvo el consenso de los diversos grupos que se disputan el poder al interior del Tribunal para llegar a la presidencia con un buen margen de aceptación, a pesar de su nula experiencia en la administración pública.
Para su llegada a la presidencia fue determinante la intervención de Matías Nazario Morales, entonces coordinador de la campaña del candidato del PRI a la Gubernatura, Amado Orihuela Trejo. En una reunión en el Hotel Vista Hermosa, Matías convenció a los magistrados de que Amado sería el siguiente gobernador y que él quería que la presidenta fuera Nadia.
Esa circunstancia le sirvió a Nadia para ganar la presidencia, pero en virtud de que quien ganó las votaciones en junio del 2012 fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) parecía que se avecinaba una nueva pugna entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
El nuevo gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, trató con desdén a la presidenta en los primeros meses de su gobierno pero después entablaron una buena relación de conveniencia.
En lo que ya pareciera ser una costumbre, el Poder Ejecutivo acusó al Poder Judicial de ser el culpable de la liberación de presuntos delincuentes y amenazó con una investigación contra jueces y magistrados. Graco no fue la excepción.
Sin embargo, agobiado por una marcha programada para el 1 de abril del 2014, el entonces gobernador preparó un multitudinario evento en el municipio de Emiliano Zapata, donde representantes de diferentes sectores harían patente su apoyo al mandatario. Ahí estuvo Nadia Lara, acompañada de los magistrados que le eran afines. Olvidando que a principios de la administración Graco declaró que había juzgadores bajo investigación por presuntos actos de corrupción, ahora el mandatario abrazó a magistrados y besó a magistradas.
Esa “relación por conveniencia” facilitó que en diciembre del 2014 el Congreso Local le otorgará a Nadia Luz María Lara Chávez la ratificación en el cargo de magistrada por un nuevo periodo que termina en febrero del 2022.
A lo largo de los 18 meses en que habían compartido el poder, todo parece indicar que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia aprendió a aplicar la máxima de Graco Ramírez: el fin justifica los medios.
Bajo esa premisa, a la joven magistrada que en el 2012 llegó a la presidencia con el voto casi unánime del Pleno, en mayo del 2014 ya no le importaron las formas ni la imagen del TSJ, sino solamente conservar el poder.
A esa sesión de Pleno Extraordinario del 14 de mayo de 2014 a las 18 horas asistieron, además de la presidenta, los magistrados Ezequiel Honorato Valdez, Elda Flores León, María Idalia Franco Zavaleta, Guillermina Jiménez Serafín, Rubén Jasso Díaz, José Valentín González García, Rocío Bahena Ortiz y Ángel Garduño González.
Ausentes: María del Carmen Verónica Cuevas López, Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Miguel Ángel Falcón Vega, María Leticia Taboada Salgado, Norberto Calderón Ocampo, Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde y Leticia Rendón Montealegre.
Nueve contra nueve, con la salvedad de que entre los presentes una no tenía derecho a voto por ser magistrada supernumeraria: Guillermina Jiménez Serafín.
¿Cómo zanjar ese inconveniente?
Cuando la oficial mayor iba a dar lectura a la orden del día, la magistrada presidenta la interrumpió para manifestar que, en virtud de que los magistrados ausentes fueron debidamente notificados y no acudieron “se procede en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley Orgánica del Poder Judicial a cubrir en el orden que el Pleno determine la ausencia temporal del magistrado que por número le corresponda, y asimismo sustituirlo por un magistrado supernumerario a efecto de que se lleve a cabo esta sesión de Pleno”.
En cuestión de minutos Guillermina Jiménez Serafín fue declarada magistrada numeraria en sustitución de Carmen Cuevas y enseguida se procedió a iniciar la sesión que tenía como único punto la elección del magistrado presidente para el periodo 2014 al 2016.
El resultado: nueve votos a favor de la reelección de Nadia Luz María Lara Chávez.
A cinco años de distancia, Nadia Lara encabeza al grupo de nueve magistrados que considera que Carmen Verónica Cuevas López (quien en aquel momento encabezaba al grupo disidente) ya no es titular del Poder Judicial como consecuencia del “decreto-acuerdo parlamentario” que los otros dos poderes maquilaron para aplicarle retroactivamente una disposición que establece que su periodo como magistrada terminó el 4 de julio pasado.
Y fue ella también quien afirmó (en la conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre) que la disposición para que los actuales magistrados pudieran quedarse 20 años en el cargo, fue resultado de una “negociación” entre el gobernador Graco Ramírez y la presidenta del Tribunal para que se admitiera el juicio político en contra del entonces presidente municipal de Cuernavaca (hoy gobernador) Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Lo anterior era del dominio público, pero ningún magistrado lo había afirmado por propia voz.
HASTA MAÑANA.
