“Estaban en el foro platicando como si fueran amigos. De pronto El Chicles se lleva la mano a la bolsa y saca su celular (lo que era completamente normal), contesta una llamada y cuelga casi inmediatamente. Es cuando comienza a acicatar al Ray con la ayuda de El Pitus, y el Chisto. Ahí empezó todo el desmadre”.
Es el testimonio de un interno del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya que asegura que la orden de matar al Ray vino de afuera y fue contundente. Esa mañana del 30 de octubre fracasaron las negociaciones para que “Los Rojos” y el Cartel Jalisco Nueva Generación pudieran compartir el penal.
Los líderes del reclusorio siempre andan armados con “puntas” que hacen de varillas o fierros viejos. A el Ray lo picaron hasta que ya estaba muerto y entonces le prendieron fuego.
Luego fueron por quienes consideraban que podrían significar un peligro: Néstor, José Manuel, Roberto, Lorenzo y Vicente, que estaban en el área de máxima seguridad que se ubica al fondo de la nave penitenciaria.
Ya para ese momento habían conseguido un machete y se les había unido más internos. Como si fuera un grupo de la muerte, una decena de hombres vestidos de amarillo (algunos cubriéndose el rostro) recorrían las diferentes áreas del penal en busca de líderes que se pudieran oponer al nuevo “reinado”. A uno de ellos le cortaron la cabeza con el machete.
Raymundo Isidro Castro Salgado era considerado muy peligroso pues ya había estado en un reclusorio federal en Matamoros, Tamaulipas y dominaba toda la zona oriente de la entidad. Hasta antes de ser detenido en Puebla, vivía como cualquier vecino y su única diversión era el futbol, por lo que contrataba ex jugadores profesionales para reforzar su equipo.
También, había trabado amistad con la directora de reclusorios, Miriam Mireles Toledo, “quien le llevaba personalmente su comida hasta donde lo tenían resguardado”. Estaba tomando fuerza y en cualquier momento intentaría apoderarse del penal, para lo cual tendría que asesinar a Alexis Oswaldo, el hijo de El Carrete, quien permanece resguardado en un área especial a la entrada del penal.
Le dicen el Dormitorio 13 y se encuentra en el segundo piso del área de ingresos. Ahí habilitaron un área “VIP” para quienes pueden pagar comodidades y protección.
Desde ese lugar salieron las llamadas solicitando auxilio y los videos donde se observan las hordas de reos vestidos de amarillo y color beige que corrían de un lado para otro mientras los custodios se agrupaban y se rendían, pues ni armas tienen.
“Hay una riña porque el director trajo a los chilangos con los que se hizo el motín de ayer, los trajo a ingreso, y aquí en ingreso en la noche le quitaron las llaves a un comandante del área y querían pegarle a unos compañeros. En la mañana le dijimos al director que lo único que queríamos era que nos regresara a nuestros compañeros, pero como le pagan 30 mil pesos a la semana los chilangos les está ayudando a ellos”, dice un audio en poder de este columnista.
Esos internos (que representaban otro grupo liderado por “El Rayan”) fueron los que tuvieron que ser sacados en un camión y trasladados a diversos centros penitenciarios en la entidad.
Y aunque el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que solamente fueron cuatro horas las que se perdió el control del penal de Atlacholoaya, la verdad es que hasta este momento los internos están atrincherados y los custodios en la entrada. “Andan como en su casa por todas las áreas”, comenta la familiar de una persona privada de su libertad (PPL).
Fue hasta el lunes 4 de noviembre cuando se realizó un cónclave “en el dormitorio 10 del área de sentenciados” para crear la “Comisión” de internos e imponer el autogobierno en Atlacholoaya.
Según la versión obtenida al interior del penal, se trata de diez personas privadas de la libertad que son identificadas con los nombres y sobrenombres de: Gabriel B. P., alias “El Chicles”; Miguel Ángel B. R., alias “El Chisto”; Agustín M. C., alias “Pitus”; Marco Gerardo N., alias “La Kika” y José Luis G. N., “El Cabra”.
De acuerdo con la información recabada, Miguel Ángel B. R. ingresó al penal el 3 de marzo de 2013 por el delito de homicidio calificado. Tras ser sometido a un juicio, el 8 de enero de 2014, fue sentenciado a 53 años y tres meses de prisión.
Gabriel B. P ingresó el 12 de julio de 2016 por el delito de extorsión agravada. El 28 de septiembre de 2016 fue condenado a 15 años de prisión. Agustín M. C. fue llevado a juicio por secuestro, el 5 de octubre de 2016, y sentenciado a 50 años de prisión, el 6 de noviembre de 2016.
Marco Gerardo “N” fue detenido el 1 de agosto de 2019 e imputado por el delito de feminicidio, en un hecho ocurrido el 11 de mayo de 2017. El miércoles 7 de agosto del presente fue vinculado a proceso penal y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Era el lugarteniente de El Carrete y actualmente encargado de la seguridad de su hijo Alexis.
“Parece que ya todo está volviendo a la normalidad. Ya la nueva comisión pasó a repartir la droga y a los teléfonos celulares les rayaron los lentes de las cámaras para que no puedan tomar video de lo que ocurra a partir de hoy”, comentó el familiar de un interno para quien el uso de las drogas y los teléfonos celulares es de lo más normal en ese centro penitenciario.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha investigado detalles como el hecho de que el motín ocurrió en los días en que el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, estaba fuera del país “tomando un curso sobre seguridad”, y que el director del penal, con clave “Puma” no permitió la entrada de la Guardia Nacional cuando estaba la reyerta.
Tampoco se ha investigado cómo consiguieron los machetes y el material inflamable con el que le prendieron fuego a “El Ray”.
Al interior del penal de Atlacholoaya y en los demás centros penitenciarios a donde fueron reubicados los internos están convencidos de que hubo un “complot” para acabar con la vida de Raymundo Isidro Castro Salgado, antes de que se convirtiera en un dolor de cabeza para todos.
HASTA EL LUNES.
