“Los jueces somos quienes ejecutamos los designios de Dios en la Tierra”, dijo el Juez Daniel Rodríguez Apac aquel 24 de febrero del 2015 al inaugurar la Sala de Juicios Orales del Centro Universitario Montes de Oca, acompañado de la magistrada María Idalia Franco en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Lo que no sabía el ponente que en aquella ocasión habló sobre la ética y la responsabilidad de los jueces, es que casi dos años después, la vida le jugaría una broma macabra, al verse involucrado en la muerte de una persona, hecho que provocaría un conflicto al interior del Poder Judicial y en su relación con los otros dos poderes del Estado.
Maykeller Vizcán López, viuda de la víctima, recordó que la mañana del 16 de diciembre del 2017 su esposo fue a trabajar en su motocicleta y fue atropellado por Daniel Rodríguez Apac, quien conducía su automóvil aparentemente en estado de ebriedad, en la carretera La Pera-Cuautla y trató de huir, pero fue aprehendido por elementos de la Policía Municipal.
Por este hecho se inició la carpeta de investigación AHTD/249/2017 y el juez fue presentado ante Ministerio Público, pero obtuvo la libertad dos días después, sin pagar un solo peso, y tan sólo acreditando “arraigo laboral”. Desde entonces ha sido beneficiario de la “justicia y gracia” a la que parecen tener derecho los miembros del Poder Judicial, y mientras el proceso penal en su contra avanzaba “a paso de tortuga”, el servidor público continuó impartiendo justicia y –por lo tanto- cobrando sus emolumentos.
El abogado de la viuda, Emilio Márquez, denunció que Rodríguez Apac -quien también es presidente de la Asociación de Jueces Orales- ha abusado de su cargo y ha traficado influencias para evadir la justicia. “No le han quitado la investidura y le dicen: ‘Adelante, su señoría’, ‘adelante, compañero, tiene el uso de la palabra’. No hay un trato igualitario”, reprochó.
Incluso, denunció a la agente del Ministerio Público que no ejerció acción penal en contra del juez, ante la Fiscalía Anticorrupción. Aunque en un principio un juez negó la vinculación a proceso, en la apelación, por unanimidad, los magistrados de la Primera Sala, dictaron auto de vinculación a proceso contra Martina “N”.
“Los magistrados (Rocío Bahena, Elda Flores y Rubén Jasso) adujeron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima para acceder a que se le procure e imparta justicia. Consideraron que la Fiscalía Anticorrupción presentó los datos de prueba necesarios para que Martina “N” fuera vinculada, por lo que dictaron auto de vinculación a proceso por Delito Cometido por Servidor Público, ilícito previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código de Morelos”, expuso la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado fechado el 20 de octubre pasado.
Tras casi tres años del fallecimiento de Pedro Portilla, el pasado uno de diciembre se llevó a cabo la insólita audiencia en la que un juez compareció ante otro juez pero en calidad de imputado. Quedó vinculado a proceso, pero en libertad y trabajando.
El asunto llegó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el pasado lunes, cuando el magistrado Jorge Gamboa Olea (quien también fue juez), dio cuenta de que el pasado 4 de diciembre en el marco de la Mesa para la Construcción de la Paz, “los integrantes de la misma tomaron como acuerdo hacer una solicitud formal a este representante del Poder Judicial para que a su vez hiciera extensiva la solicitud a este cuerpo colegiado y a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina consistente en hacer la formal solicitud de separación del cargo del juez Daniel Rodríguez Apac y el inicio de la investigación correspondiente con motivo del auto de vinculación a proceso que le fue dictado al referido juez ante un evidente conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones”.
Según Gamboa, un juez no puede estar resolviendo asuntos que le remite la Fiscalía General de Justicia, cuando esa institución es la que le está instruyendo una causa penal en su contra, por lo que se le debe suspender del cargo.
Tras un breve debate en el que no se ponían de acuerdo sobre si ese asunto debía ser ventilado en la sesión pública del Pleno, o directamente ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, los magistrados aprobaron con 12 votos a favor y dos en contra, darse por enterados del acuerdo emitido por los integrantes en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, por conducto del Comisionado de Seguridad, Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, el cual deberá ser debidamente formalizado.
Cabe mencionar que el Magistrado Norberto Calderón Ocampo, integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder judicial del Estado de Morelos, mencionó que desde el momento en que el Magistrado Presidente, Rubén Jasso Díaz se enteró de la de la comisión de un delito culposo de diverso funcionario del Poder Judicial, se han iniciado las investigaciones pertinentes, situación que se solicitó al Magistrado Gamboa Olea fuera informada a los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
Como podrá observarse, el caso del Juez Rodríguez Apac está provocando una controversia al interior del Pleno (en el que parece ser que Gamboa Olea tiene mucho interés en que se le destituya) y al mismo tiempo es usado por el Poder Ejecutivo para exigir que “el buen juez empiece por su casa”.
El tema es polémico porque finalmente no se está respetando el derecho a la presunción de inocencia. El Juez Rodríguez Apac ya ha sido condenado mediáticamente y nunca se podrá comprobar si efectivamente venía en estado de ebriedad y si invadió el carril contrario.
Por si esto no fuera suficiente, el caso lo tiene la polémica jueza Nancy Tovar y el abogado defensor es el también controversial abogado Miguel Ángel Rosete Flores.
Ciertamente tendrá que resolverse en lo jurídico, pero también tendrá algunos ingredientes políticos y de revanchas entre juzgadores.
HASTA MAÑANA.
