Lo que ocurrió ayer durante la mañana y en el transcurso del día merece ser transcrito y guardado para su análisis en las universidades que imparten la carrera de Derecho, como una muestra de “la aplicación de la ley en el periodo de la llamada Cuarta Transformación”.

Como ya es del dominio público, el pasado uno de diciembre el juez Eddie Sandoval Lome dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ciudadanos Antonio Villalobos Adán y Gonzalo Barquín por el delito de Cohecho, quedando el segundo privado de su libertad como medida cautelar en tanto que el primero quedó a disposición del Juzgado Séptimo de Distrito, mismo que le otorgó una suspensión provisional para no ser detenido ni separado del cargo.

Hasta ahí la información es objetiva e indubitable, lo que viene a continuación es la apreciación de las partes involucradas, por lo que se reproduce textual.

Antes de entrar de lleno al asunto que nos ocupa, me permito transcribir un fragmento de una columna escrita por el periodista Carlos Marín, intitulada “periodismo infame”:

“Por más que los “periodistas digitales” con derecho de apartado que tanto consiente la oficina de comunicación de la Presidencia de la República jueguen el sucio papel de alcahuetes en las conferencias mañaneras, su encomienda no se limita al planteamiento de preguntas a modo y a obstaculizar el trabajo de reporteros genuinos: se prolonga durante el día para que desde sus cibermadrigueras sirvan de propagandistas de lo que entiendan por cuarta transformación. En sus “noticiarios alternativos”, estos “informadores” glosan, interpretan, exageran, tergiversan y reinventan lo que sea que se parezca o suene afín al discurso presidencial”.

Bueno, pues uno de esos “periodistas digitales” de nombre Ramón Flores, representante del medio “Contrapeso Digital”, ayer pidió el uso de la palabra durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no para preguntar, sino para afirmar lo siguiente:

“Hay un empresario que se llama Cristian Isaías Contreras Luna que se autodenomina líder anticorrupción del municipio y que tiene más de 16 denuncias, una por violencia familiar y otras por amenazas a distintas personas y que ha intentado abrir su giro negro en plena pandemia y como los protocolos sanitarios no lo autorizan ahora la emprendió en contra de la administración municipal de presidente municipal y sus funcionarios por presuntas corruptelas, que hasta el momento no se han podido comprobar. Hay una víctima preso hoy en el Penal de Atlacholoaya que es el subdirector de Protección Civil del municipio de Morelos (SIC) ya que ese empresario primero lo acuso de amenazas aduciendo que lo había amenazado su escolta del subsecretario cosa que no se ha podido comprobar, pero luego lo acusa de extorsión de que le pedía de a cinco mil hasta 200 mil pesos, también no lo pudieron comprobar, y entonces son confusas las acusaciones, pero el fiscal anticorrupción de Morelos, en conjunto con el juez Eddie Sandoval Lome le fincaron prisión preventiva oficiosa, sin tener claro cuáles son las acusaciones”.

Enseguida, le preguntó al presidente si se podría pedir informes sobre la situación del “funcionario en funciones preso”, Gonzalo Barquín, a lo que el mandatario contestó que “Sí, vamos a revisar. Ofrecemos que la Secretaría de Gobernación lo va a atender”.

Más rápido que cualquier otro asunto, la Fiscalía Anticorrupción emitió su comunicado en los siguientes términos:

Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción ha dado la instrucción al personal de esta institución de preparar un informe detallado del caso, en el que se demuestra que el proceso y los actos de investigación estuvieron apegados a los principios de legalidad, seguridad jurídica, así como al pleno respeto de los derechos humanos de las personas involucradas.

“Habida cuenta que la resolución de vinculación a proceso emitida por el Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Distrito Judicial Único con residencia en Atlacholoaya, Morelos, fue emitida en estricto cumplimento a nuestra Carta Magna, dado que existen en la carpeta de investigación datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo hayan cometido”.

Pregunta: ¿qué no se supone que el contenido de una carpeta de investigación no debe ser compartido ni siquiera a la Secretaría de Gobernación?

Ahora damos cuenta de lo que dijo el Ayuntamiento de Cuernavaca en su respectivo boletín:

“El Gobierno Municipal de Cuernavaca manifiesta su total disposición para allegarle al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Alejandro Encinas Rodríguez, toda la información que este requiera para estar en posibilidades de atender la instrucción presidencial.

“Toda vez que en su alocución, el periodista citó una expresión contenida en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente López Obrador, donde sostiene que en México no se violan los derechos humanos y no hay cabida para las injusticas.

“Este preguntó si puede un empresario estar por encima de la ley y tratar de someter a las autoridades municipales, si se puede revisar el caso de Barquín Granados y se informe de las causas por las que el Subsecretario no puede llevar su proceso en libertad, el Primer Mandatario respondió que sí, que se revisará el caso y ofreció que la Secretaría de Gobernación lo atenderá a través del Subsecretario Alejandro Encinas, y que este recibiría las pruebas documentales y en video de esta situación.  

“Saludamos y agradecemos el interés del Jefe del Ejecutivo Federal para con este caso y todos aquellos que pudiesen representar un riesgo que vulnere el imperio de la ley”.

Ya nada más falta que el juez Eddie Sandoval Lomé también diga que le va a mandar al subsecretario de Gobernación todo el expediente para que le diga si actuó bien o no.

¿Se imaginan si después de todo esto el juez modifica su resolución y deja libre a Barquín? Entonces los abogados ya se sabrán el camino: No promuevas el amparo, mejor pídele a un youtuber que exponga tu caso en La Mañanera y espera a que llegue la resolución presidencial.

Por cierto, el Juez Leovigildo Martínez concedió la suspensión definitiva al alcalde Antonio Villalobos, por lo que sigue firme en el cargo.

HASTA MAÑANA.