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Futuros magistradas y magistrados


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Por fin fue publicada la convocatoria para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia y dos del Tribunal de Justicia Administrativa que están vacantes por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jueves concluyó el plazo para el registro y trascendió que hubo más de cien aspirantes registrados, aunque la lista ya depurada será dada a conocer por la Junta Política del Congreso Local junto con el calendario de entrevistas.

¿Quién quiere ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Más bien la pregunta es quién no quiere ocupar ese cargo cuya retribución monetaria es cercana a los 100 mil pesos mensuales.

De entrada, se inscribieron –y con justa razón- prácticamente todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, en el entendido de que debe privilegiarse la carrera judicial de los aspirantes. Sin embargo, la constitución política establece que todos somos iguales ante la ley, así que hay decenas de litigantes que igual se apuntaron.

También servidores públicos que laboran en órganos gubernamentales no jurisdiccionales, o bien, que laboran en el Poder Legislativo asesorando a los diputados. 

Hasta el momento de redactar la presente columna no se había dado a conocer la lista de inscritos, por lo que nos basaremos en la información que hemos obtenido de los propios interesados, y de aquellos que vimos registrándose.

Ya en una ocasión anterior advertimos que por lo menos dos de las cuatro magistraturas deben ser ocupadas por mujeres. Actualmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se encuentra integrado por seis mujeres y nueve hombres, entre ellos el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz (quien llega tras dos periodos que fueron ocupados por damas) y el magistrado visitador, que no integra Pleno.

Y por lo menos dos de las magistraturas deben ser para integrantes del Poder Judicial, por aquello de que se privilegie la carrera judicial. Luego entonces, lleva ventaja la actual presidenta de la Asociación de Jueces del Estado, Rosenda Mireya Díaz Cerón, que reúne esas dos características.

Con muchas posibilidades se registró la actual vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, Guadalupe Flores Servín, quien se jubiló después de muchos años de laborar en juzgados civiles y penales del estado de Morelos, y hoy es pieza fundamental de la institución encargada de perseguir a los servidores públicos deshonestos. Nos consta que ha sido implacable en su trabajo, aun arriesgando su propia vida.

Y si de jueces sobresalientes se trata, uno de ellos es el maestro en Derecho Tomás Mateo Morales, quien inició su trayectoria profesional como defensor de oficio en materia agraria a principios de los noventas, luego fue agente del Ministerio Público y posteriormente entró al Poder Judicial en 2012 como juez de primera instancia, de control, juicio oral y ejecución de sanciones, cargo que ocupa en la actualidad con un expediente limpio.

Otro que haría un excelente papel como magistrado es Rubén Alberto Basurto Ramírez, quien en 2001 ganó la plaza de Secretario de Acuerdos mediante examen de oposición y después de estar en varios juzgados fue designado como administrador de Salas de Juicios Orales del Poder Judicial, desde el inicio del nuevo sistema de justicia penal, en 2008.

Alejandro Hernández Arjona intentará por enésima ocasión ser magistrado, tras una larga carrera como subprocurador de justicia y luego como juez penal y civil en diversos Juzgados. Ya le toca. 

Por parte de la Barra de Abogados vimos registrándose al doctor en Derecho Alfonso Mejía, pero suponemos que también lo hizo el presidente de la organización, Miguel Ángel Rosete Flores, y Bertha Paredes Noyola, todos ellos con los merecimientos necesarios para ocupar el cargo.

Los nombres antes mencionados son los que conocemos de tiempo atrás por lo que podemos dar testimonio de su trabajo. Sin embargo, no necesariamente son los que habrán de ocupar esas magistraturas, y ello se debe a que lo único que necesita un aspirante para llegar a la cúspide de la función jurisdiccional es contar con los votos de los diputados y diputadas. Catorce por lo menos.

Y esos votos los pueden conseguir como sea. Con recomendaciones académicas, sugerencias familiares, presiones políticas.  Incluso hay magistrados que aseguran haber pagado dinero por el cargo (con la posibilidad de que los billetes se hayan quedado en manos del interlocutor), y personas que ya hasta le pusieron precio a las actuales magistraturas: de dos a tres millones de pesos.

No podemos asegurar que se estén vendiendo las magistraturas, lo que sí es evidente es que quienes trabajan con los diputados tienen cierta ventaja en comparación con quienes no laboran en el Poder Legislativo.

De ahí que haya quienes les están “haciendo la travesura” soltando la versión de que “las magistraturas ya están amarradas para los parientes y colaboradores de los diputados”. En esa lista ponen (y que conste que no ponemos en duda su capacidad como juristas) a la esposa del diputado Andrés Duque y a los colaboradores del ex presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, de nombres Lenin Barbosa y Araceli Salas.

Ya sabemos que en el caso de los consejeros y comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) han convertido en una tradición el que tengan que pasar por el Congreso o ser familiar de un legislador para llegar a esa posición privilegiada, pero ojalá que no pase lo mismo con las magistraturas. 

En los siguientes días seguiremos mencionando a profesionistas del Derecho, hombres y mujeres, que aspiran legítimamente a ocupar esas vacantes. 

Sin embargo, no debemos perder de vista la posibilidad de que la designación no ocurra en la presente legislatura, y para ello bastaría con que alguno de los aspirantes (que calcule tener más posibilidades con los diputados que vienen que con los que están), promueva un amparo ante la justicia federal, para que un juez de Distrito ordene la reposición del procedimiento, y entonces tendríamos que esperar a que llegue la Quincuagésima Quinta Legislatura, y las circunstancias podrían cambiar radicalmente para los actuales aspirantes.

HASTA MAÑANA.

 

 

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Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

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