La petición del abogado me dejó con la boca abierta:
-Lo único que necesitamos es que nos firme una carta dando su punto de vista sobre el grupo antisecuestros de Armando Martínez Salgado- dijo Eutiquio Damián Santiago, quien me había estado esperando largo rato en mi despacho.
- Lo recuerdo perfectamente pero ¿para qué les puede servir un testimonio de quien no le consta los hechos por los que su defendida está presa?- cuestioné.
- Para sustentar la petición de Reconocimiento de Inocencia que vamos a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos para que la señora María Luisa Villanueva Márquez obtenga su libertad tras 23 años de cárcel por un delito que no cometió- acotó el litigante.
- ¿23 de los 30 que fue la condena? ¿No le conviene buscar mejor un beneficio de preliberación?- insistí.
- De hecho ya alcanza ese beneficio por buena conducta en el penal. Pero María Luisa quiere demostrar su inocencia, decirle a la autoridad que se equivocó y que ésta lo reconozca- me contestó el abogado que decidió tomar este caso desde hace cuatro años.
Con eso último me convenció. Saber que hay alguien a quien le interesa más limpiar su imagen ante la sociedad (y ante su familia) que salir libre con un antecedente de que es culpable pero pagó con cárcel, es algo que no se encuentra todos los días.
Así que acepté, y hoy le entregaré el siguiente testimonio:
Comencé a cubrir la nota roja en 1994, el mismo año que comenzó el sexenio de Jorge Carrillo Olea como gobernador del estado, designando como procurador de Justicia a Carlos Peredo Merlo y como jefe de la Policía Judicial al veterano policía Jesús Miyazawa.
Como el director general ya estaba muy entrado en años, le pusieron a un subdirector con más energía y presencia física: el comandante Armando Martínez Salgado. En realidad, Miyazawa Álvarez era sólo una figura decorativa que gozaba de la confianza del entonces gobernador.
En esos años hubo una ola de secuestros en Morelos, y la petición constante que recibía Carrillo Olea -primero como candidato y después como gobernador- era que se acabara con los secuestros. Por eso surgió el grupo antisecuestros (con clave Arsénico) que dependía directamente de Martínez Salgado, con autorización de hacer lo que fuera necesario con tal de disminuir ese delito.
Y esa “manga ancha” que le dieron el gobernador y el procurador de justicia, incluía allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias o con armas “sembradas”, uso de casas de seguridad y todo tipo de irregularidades.
El hecho es que, durante ese periodo, de 1994 hasta 1998, era común que las autoridades citaran a conferencias de prensa que se llevaban a cabo en las propias instalaciones de la Policía Judicial. Ahí, al viejo estilo de la prensa arcaica, nos formaban a los detenidos para que les tomáramos fotografías incluso con armas en las manos, se podía entrevistarlos en video para que confesaran los delitos que les imputaban y, hasta con la posibilidad de que fueran abofeteados por los mismos reporteros.
Era evidente que los detenidos habían sido golpeados pues caminaban con lentitud y volteaban con dificultad la cabeza. Nos eran entregados boletines de prensa donde se les acusaba de formar parte de peligrosas bandas de secuestradores a las que les ponían los apodos que querían, y les ponían una larga lista de supuestas víctimas.
Fueron muchas ocasiones en que, al checar en los tribunales aledaños al Centro Estatal de Readaptación Social (CERESO) de Atlacomulco, descubrí que varios de los que nos habían presentado como peligrosos secuestradores, obtuvieron su libertad por falta de elementos. Pero otros permanecieron ahí y recibieron condenas muy elevadas.
Recuerdo que algunos de los jueces penales me comentaron que “había línea” para no dejar libres a acusados de secuestro, y que tanto el gobernador Carrillo Olea como el procurador Peredo Merlo se enojaban mucho cuando se enteraban de que algún acusado de secuestro había salido en libertad.
Tras la detención de Carlos Peredo Merlo y Armando Martínez Salgado en febrero de 1998, se conoció que el grupo antisecuestros combatía ese delito pero al mismo tiempo aprovechaba para quedarse con los rescates y extorsionar a los detenidos.
Sobre lo primero, el caso más sonado fue la acusación que hicieron elementos de la Policía Judicial de Guanajuato, quienes incursionaron en territorio morelense investigando el secuestro de un empresario de aquella entidad, y primeramente solicitaron el apoyo de Armando Martínez, pero éste se comportó “poco colaborativo”, por lo que decidieron actuar solos. Según su testimonio (publicado en aquel tiempo en medios nacionales), los policías guanajuatenses acudieron al lugar donde sería entregado el rescate, y grande fue su sorpresa al ver que quien llegó a recoger la maleta fue el propio jefe del grupo antisecuestros, Armando Martínez Salgado.
Y sobre las extorsiones, está el testimonio de la propia María Luisa Villanueva, quien narró así su detención ante la revista Proceso:
“Quedó en encontrarse a las ocho de la noche con su pareja, Catalino Martínez Jiménez, en el restaurante Los Porkys, localizado en la colonia Galeana en Zacatepec. Apenas habían ordenado la cena cuando irrumpió un grupo de agentes de la unidad antisecuestros —entre los que se encontraban, según el expediente del caso, José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Édgar Chávez Rodríguez— con el rostro cubierto por pasamontañas. Dirigiéndose a Catalino, uno gritó: “¡Hasta aquí llegaste, Oaxaco!”. Le cubrieron el rostro con una capucha y lo esposaron. Procedieron igual con María Luisa después de que el mismo agente ordenó: “También a la vieja nos la llevamos”. Frente a los comensales, ambos fueron sacados a golpes y empujones del restaurante y subidos a un auto. Durante el trayecto, todo era confusión; Catalino, a quien se dirigían como el Oaxaco, solo atinaba a decir: “Ella no tiene nada que ver, dile al jefe que me dé chance y la deje ir”. El vehículo se detuvo tras un largo rato de camino. “Nos bajaron en el acotamiento y, mientras uno de ellos hacía una llamada, el otro hablaba con Catalino”, cuenta María Luisa. Aún recuerda cada una de las palabras, como si volviera a vivir aquel momento. “El jefe te quiere a ti. ¿Cuánto tienes para dejar ir a la vieja?”. A lo que Catalino contestó: “Ahorita traigo cien mil pesos”. “Ponle el doble, cabrón”, propuso el agente. “No los tengo”, respondió. “Entonces se chingan los dos”.
Y así fue como María Luisa Villanueva fue detenida el 6 de enero de 1998. Desde entonces permanece presa, primero en la Penitenciaría de Atlacomulco y después en el Penal de Atlacholoaya.
Su proceso estuvo plagado de irregularidades, tantas que no alcanzaría una página para describirlas. Tras analizar el expediente, sólo podemos decir que, si a María Luisa le hubieran aplicado el 10 por ciento de los criterios que se pusieron en práctica en el proceso contra la francesa Florence Cassez, desde cuando hubiesen tenido que ponerla en libertad y pedirle una disculpa por esos 23 años que lleva encarcelada injustamente.
HASTA MAÑANA.
