Por increíble que parezca, la normatividad electoral vigente no establece ningún impedimento específico para que una persona pueda registrarse como candidata a un cargo de elección popular a pesar de estar acusada de delitos cometidos por servidores públicos. Únicamente, a partir de abril del año pasado, se establece como requisito “no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.
A eso se debe que varios de los ex diputados y ex presidentes municipales cuyos nombres salieron a relucir en los estrados de los tribunales penales de Atlacholoaya, y sus rostros aparecieron en medios de comunicación con la clásica franja negra cubriéndole los ojos, hoy andan tan campantes pidiendo el voto para regresar a dichos cargos o permanecer en el mismo.
Pero hay un caso que es el colmo: el de Francisco Salinas Sánchez, ex presidente municipal de Zacatepec, quien actualmente es candidato al mismo cargo.
Resulta que apenas el pasado 12 de mayo se resolvió el recurso de Apelación del toca penal 13/2021-14-OP, contra la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil veinte, por Bertha Vergara Álvarez, en su carácter de Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado, con sede en Jojutla Morelos, en la causa penal JCJ/096/2020 instruida contra Francisco Salinas Sánchez y Claudia Tulia Becerra Soriano, el primero de los mencionados, por los delitos de Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones, y la segunda por el delito de ejercicio ilícito de la función pública (misma que resultó absuelta).
La imputación que realizó la Fiscalía dice:
“…El C. Francisco Salinas Sánchez, en su entonces carácter de Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, bajo las atribuciones inherentes a su cargo, recibió del Gobierno del Estado de Morelos, recursos públicos bajo el concepto de Fondo de Aportaciones Estatales para el desarrollo económico de los Municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, recursos que fueron ministrados para su adecuada administración, mediante pagos interbancarios de la cuenta cargo al nombre de gobierno del Estado de Morelos, de la institución bancaria denominada Banamex, a la cuenta número 072544004854599192 perteneciente al Municipio de Zacatepec, de la Institución Bancaria denominada Banorte.
“…derivado de lo anterior mediante acta de cabildo de fecha siete de agosto del 2017, se aprobó la propuesta de obras a ejecutar por desastre natural con recursos públicos del FAEDE 2017, consistentes en: 1.- Rehabilitación de Puente a un costado de Sifón en Camino Poza Honda y 2) puente de acceso a la Colonia Poza Honda, sin embargo, el imputado Francisco Salinas Sánchez, distrajo la cantidad de $1,238,949.34 (un millón doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con 34/100 M.N.) de su objeto consistente en la construcción de los dos puentes antes mencionados para beneficio del C. Martín Martínez Jaimes, quien fungía como servidor público de ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, con el cargo de Director General del Sistema de conservación del Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos.
“Realizando la distracción a través de la triangulación de recursos puesto que adjudicó de manera indebida dicha obra al C. Fernando Ramos Briones, ya que una vez que el contratista recibió el recurso público a través de cheque y transferencias electrónicas a la cuenta número 021544064639446312 del beneficiario Fernando Ramos Briones en la institución Bancaria HSBC por concepto de estimaciones y pagos correspondientes a las obras, éste retiraba el dinero y se lo entregaba al Señor Martin Martínez Jaimes”.
Por lo anterior, la Jueza ya mencionada dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex alcalde, y tanto su defensa como la Fiscalía, interpusieron los correspondientes recursos para que un tribunal de alzada revisara el veredicto y confirmara o revocara dicha resolución.
La resolución que emitieron las magistradas María del Carmen Aquino, Elda Flores y Leticia Taboada, es contundente:
PRIMERO. Se REVOCA parcialmente, la resolución de plazo constitucional de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, impugnada por las partes dentro de la causa penal JCJ/096/2020, dictado por la Jueza de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el sistema penal acusatorio con sede en Jojutla, Morelos; en consecuencia, se emite AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, por los hechos que la ley señala como delito de EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES, previsto y sancionado por el artículo 276 fracción IV del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS.
SEGUNDO. Se confirma el auto de vinculación a proceso por el delito de PECULADO en contra de FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ, cometido en agravio del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATEPEC, MORELOS y la sociedad, ilícito previsto y sancionado por el artículo 279 fracción I del Código Penal del Estado de Morelos.
TERCERO. Se confirma el auto de NO vinculación a proceso emitido a favor de Claudia TULIA BECERRA SORIANO, por el delito de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO.
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), no puede impedir que el señor Francisco Salinas Sánchez contienda nuevamente para el mismo cargo en el que se está comprobando que cometió el ilícito.
De acuerdo a las leyes vigentes, sólo estará impedido de participar como candidato aquella persona que haya sido condenada por un delito que amerite pena corporal, es decir, por crímenes como homicidio, secuestro, violación, etc, pero si se trata de fraude o peculado, pueden coleccionar todos los autos de vinculación a proceso que quieran y las autoridades electorales se lo van a permitir.
Como dijera el candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, Daniel Martínez Terrazas, cuando la reportera Verónica Bacaz le cuestionó sobre su autoadscripción como indígena: “La ley lo permite… no pasa nada”.
Y efectivamente, no pasa nada porque las leyes las hacen ellos, los diputados federales y locales, que se benefician con cosas que llegan a lo absurdo.
Pero la ciudadanía se encargará de decirles a todos esos políticos que, efectivamente, la autoridad electoral lo permite, pero cada uno de nosotros tenemos el poder para no permitirlo más, a través de nuestro sufragio.
HASTA MAÑANA.
