El homicidio a plena luz del día de Manuel González Reyes, propietario de un portal de noticias por internet, el pasado 28 de septiembre, vino a recordarnos que existe un órgano denominado “Mecanismo de Protección a Periodistas (y defensores de Derechos Humanos) del estado de Morelos”, que aparece en la lista de leyes vigentes en la entidad, pero en los hechos es “letra muerta” por diversas circunstancias, incluida la imposibilidad de que los trabajadores de la información se pongan de acuerdo sobre la designación de sus representantes.
El 26 de septiembre de 2012, a unos días de terminar su sexenio, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo mandó publicar en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Mecanismo de Protección para los periodistas del Estado de Morelos en el marco del convenio de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones de prevención y protección para periodistas en el estado de Morelos, que celebraron el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; el Poder Judicial a través del Honorable Tribunal Superior de Justicia, representado en este acto por su titular, la Mtra. Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada presidenta; la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, representada por su presidenta, la Lic. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, representado por su presidenta la Lic. Mirna Zavala Zúñiga y el foro de periodistas representado por una comisión integrada por los periodistas Justino Miranda Rodríguez, Maciel Calvo Elmer, Tlaulli Rocío Preciado Bahena, Carlos David Hernández Monroy, Carlos Quintero Juan, con fecha 06 de junio de 2012”.
El escrito en mención, no es una ley, tampoco un decreto, ni siquiera un exhorto, sino simplemente un convenio publicado en el órgano informativo oficial del gobierno del estado.
En éste, se establece la conformación de un órgano integrado por las instituciones antes mencionadas, además de un representante de la Secretaría de Gobierno, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, un representante de la Procuraduría de Justicia y un representante de la Coordinación General de Comunicación Política en su calidad de secretario técnico.
En su artículo primero, el documento en mención señala que “el presente instrumento tiene por objeto regular el funcionamiento y alcances del Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos, en el diseño, implementación, verificación y evaluación de las acciones para proporcionar y garantizar la protección eficaz y eficiente a los periodistas que con motivo de su actividad se encuentren en situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, así como de su familia”.
Aunque carecía de coercitividad, con este instrumento se dieron los primeros pasos para ayudar a los compañeros periodistas que se vieron envueltos en hechos que pusieron en riesgo su integridad, su vida o su patrimonio. Sin embargo, su cumplimiento dependía de la buena voluntad del titular de la dependencia en turno, pues no se contemplaba ningún recurso para gastos del periodista protegido.
El 20 de agosto de 2018, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu mandó publicar en el periódico “Tierra y Libertad” la “Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos”.
En el Capítulo Quinto, se establece el procedimiento que deberá seguir la parte peticionaria para solicitar la activación del Mecanismo, así como las acciones que deberán llevar a cabo los integrantes del Mecanismo para atender y en su caso acordar las medidas necesarias para la protección del peticionario, realizando el análisis de riesgo del caso para implementar las medidas urgentes que se requieran.
Modifica la conformación del Mecanismo, al integrar a la Secretaría de Salud y desechar a la Coordinación de Comunicación Social. Incorpora también a tres representantes de organismos defensores de derechos humanos.
En este caso, ya se trata de una Ley de observancia obligatoria y general, que establece una serie de disposiciones que se encuentran supuestamente vigentes. Un comunicado del gobierno estatal fechado el 8 de diciembre del año pasado, dice que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, participó en la primera Mesa Interinstitucional entre el Gobierno federal y entidades federativas, con el objetivo de hacer un análisis de la situación que prevalece en relación con la promoción, respeto, protección a los periodistas y defensores de los derechos humanos en el territorio nacional.
“Reunidos en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, y en presencia de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, Pablo Ojeda ratificó la disposición de Morelos para garantizar la libertad de expresión e integridad de los periodistas y defensores de los derechos humanos a través de políticas públicas efectivas y seguras”, dice el comunicado.
Lo cierto es que la pandemia puso en pausa una asamblea que se llevaría a cabo en la zona oriente de la entidad para elegir a los representantes del foro de periodistas ante el Mecanismo.
El principal problema con esta ley es que contempla también a los defensores de Derechos Humanos (en una clara analogía de la Ley Federal en esa misma materia) y si bien es cierto que ambos sectores tienen coincidencias, en opinión de este columnista no pueden recibir el mismo tratamiento.
Por otro lado, sigue sin contemplarse un fondo para pagar la transportación y renta de una casa habitación cuando se determine que un periodista y su familia están en inminente riesgo, por lo que amerita reubicarlo en otra entidad federativa.
Ahora bien, existe otra iniciativa de Ley que fue presentada por dos Legisladores de la LI Legislatura de nombre Rufo Antonio Villegas Higadera y Jorge Arizmendi García, quienes denominaron a sus proyectos “Ley de Promoción y del Desarrollo de los Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos” y “Ley que crea el Instituto Estatal de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos”, respectivamente.
A finales de la LIV Legislatura, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz retomó dichas propuestas en una nueva iniciativa que tampoco tuvo éxito y se quedó en la fase de dictamen en comisiones, siendo archivada.
En esa iniciativa, la diputada del Partido del Trabajo propuso la creación del Fideicomiso de los Periodistas de Morelos, donde los beneficiarios o fideicomitentes serán los Periodistas, y el Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos. Sin embargo, la crítica a dicha propuesta (que será puesta a consideración del Congreso en próximas fechas) es que con ella se pretende sustituir las obligaciones laborales de las empresas dedicadas al ejercicio de la comunicación para con sus reporteros.
Sería deseable que los comunicadores analizáramos estas propuestas y se retomara el proceso de elección de nuestros representantes ante el inactivo Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos Humanos, pero que este debate sea sin protagonismos ni apasionamientos.
HASTA MAÑANA.
