En el 2015 diputados de la LII Legislatura necesitaban desaparecer todo indicio del robo de 2 mil 500 millones disfrazado de “financiamiento” orquestado por el gobernador Graco Ramírez, y no encontraron otra forma de hacerlo que desaparecer “de un plumazo” a la entonces Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso Local.

La encargada de presentar la iniciativa fue nada menos que la entonces diputada local Lucía Meza Guzmán, en aquel tiempo trabajando con la camiseta del Partido de la Revolución Democrática (la que se cambió oportunamente para buscar la Senaduría a través de Morena y a veces también se pone la del partido Fuerza por México) y en su exposición de motivos aseguraba que la institución ya no respondía a las expectativas de la sociedad.

Prometía un “tribunal de cuentas” y al final fue “la misma gata pero revolcada”. Es decir, sólo le cambiaron el nombre y quitaron al titular, designando en su lugar al perredista Vicente Loredo Méndez, quien se encargó de desaparecer todo vestigio de las malversaciones de Graco y uno que otro alcalde.

Julio César Solís Serrano

Seis años después, viene otro diputado a querer hacer exactamente lo mismo. Ahora esa ingrata tarea se la han encomendado al diputado Julio César Solís Serrano, quien tiene dos elementos en contra: el primero es que proviene del Partido Movimiento Ciudadano, que se ha caracterizado por votar a conveniencia y que en el pasado fue fiel escudero de Graco Ramírez; y el segundo es que su esposa está procesada por falsificación de documentos en agravio del propio Congreso.

Lo anterior pudiera resultar intrascendente si la iniciativa de ley estuviera fundada y motivada, pero no es así.

Tenemos en nuestro poder la propuesta del diputado Solís Serrano y créame que cualquier estudiante de Derecho lo habría hecho mejor.

Le voy a dar sólo un dato: la trascendente petición de desaparecer a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización se sustenta en una nota periodística. Se trata de una nota escrita por la colega y amiga Antonieta Sánchez, quien el pasado 12 de julio publicó en el Diario de Morelos el texto titulado “Rezagada, labor de la ESAF desde 2016”.  

La iniciativa en comento comienza diciendo que una de las funciones primordiales de este Congreso, es sin duda alguna, la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y, en general, todo Organismo Público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto…, como menciona el primer párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

“Sin embargo, los resultados del órgano técnico de fiscalización en las últimas dos legislaturas distan mucho de alcanzar los objetivos para los que fue creado, incluso, los últimos dos años y siete meses, desde la renuncia del Auditor General elegido de acuerdo con la Constitución local y la Ley, el licenciado José Vicente Loredo Méndez, operó bajo la dirección de “encargados de despacho” de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), figura inexistente en la Ley”.

Sostiene que la anterior legislatura se extralimitó en la interpretación de los artículos citados al nombrar un “Encargado de Despacho” para el órgano técnico de fiscalización del Estado, toda vez que lo único permisible es la suplencia del Auditor General por los funcionarios que señala el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de referencia, por un periodo de treinta días.

Luego, el legislador o quien le haya redactado la iniciativa, destina varios párrafos para explicar que la figura del encargado de despacho no existe, y luego menciona:

“Pero sea con su titular o con “encargados de despacho”, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no ha cumplido con su labor de fiscalización de los entes públicos del Estado de Morelos, lo que ha derivado en opacidad y despilfarro de los recursos provenientes de los impuestos que pagamos todos los morelenses, al respecto, notas periodísticas destacan que:

“La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) de Estado de Morelos muestra un notorio rezago en la revisión de los ejercicios fiscales desde el año 2016 y destacadamente de 2019, con un 15 por ciento de avance; en contraste, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó al Congreso de la Unión hace unos días el primer paquete de la revisión correspondiente a 2020”.

Y de ahí en adelante “se fusila” toda la nota de la compañera Antonieta Sánchez.

Termina diciendo:

“Por lo tanto, hoy vengo a proponer la extinción del órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, denominado Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la creación de uno nuevo, denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos (ASFEM), dotado de una legitimación como un ente con personalidad jurídica y patrimonio propios, para la consecución de sus fines”.

Por cierto, su iniciativa (al igual que la que en su tiempo presentó Lucy Meza) propone sustituir la “comisión calificadora”, integrada solamente por los Grupos Parlamentarios, como la proponente de la terna de la cual se debe elegir al Auditor General del nuevo organismo que se crea en la presente iniciativa, por la Junta Política y de Gobierno, lo que hace seis años fue rechazado.

A este paso que vamos, habrá que ir pensando en una buena cantidad de nombres si ya se va a hacer costumbre que cada vez que entre una legislatura habrá “borrón y cuenta nueva”, dejando en el limbo todas las auditorías que por ley le corresponde hacer a esa institución que, durante años, ha servido solamente para dar empleo a los familiares de los diputados y miembros de sus respectivos partidos.

HASTA MAÑANA.