“Que lo compre quien no lo conozca” dice un refrán mexicano, y aquí aplica perfectamente en el caso del ex comisionado de Seguridad Pública en el gobierno de Graco Ramírez Garrido, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien el pasado martes organizó una conferencia de prensa en la ciudad de México para informar que ha iniciado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios del estado de Morelos.
El hombre que proveyó de cientos de millones de pesos en “moches” a Graco Ramírez aprovechó la fama del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco para atraer los reflectores de la prensa nacional con una sola intención: buscar chamba.
Es del dominio público que desde el 10 de noviembre del 2020 Capella Ibarra fue “destituido” de su cargo como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, para desactivar un conflicto político originado por la imprudencia de unos policías que dispararon sus armas durante un mitin feminista. La realidad es que Capella sigue ocupando el cargo a través de Lucio Hernández Gutiérrez, uno de los funcionarios que se llevó de Morelos y quien ocupa interinamente el cargo de titular de la SSP.
Lucio no mueve un dedo sin la anuencia de Capella, y lo más importante: no mueve ni un proveedor.
En Morelos, la forma en que Capella “enamoró” a Graco Ramírez fue simple: doblando el “moche” de los proveedores sin riesgos para el gobernante. Si el tabasqueño no hubiese dejado a sus incondicionales como fiscales, en estos momentos ya estarían bajo proceso Capella y/o varios de sus funcionarios administrativos.
Por eso es que los morelenses de repente vimos patrullas nuevas (rentadas), un autobús que según era un centro de mando, torres de vigilancia movibles y hasta unas motos eléctricas que andaban luciéndose en el centro de Cuernavaca. Graco le autorizaba a Capella todo lo que pidiera, hasta cursos de capacitación costosísimos que nunca se realizaron.
En este espacio hemos sostenido que Alberto Capella utilizó la estrategia del “espantapájaros”: llenó el estado de anuncios espectaculares donde se aparentaba que teníamos miles de policías, miles de cámaras de videovigilancia, lo que daba una sensación de verdadera seguridad. Pero todo era falso.
En su momento documentamos que Capella “maquilló” las cifras de la incidencia delictiva que eran enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se tuvieran estadísticas favorables.
Existe una tarjeta informativa firmada por el que fuera coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, en la que refiere que el comisionado Capella externó su deseo de que una funcionaria fuera sustituida y que “se ajustaran” las cifras de la Fiscalía para que coincidieran con las de la CESP.
De acuerdo a ese documento, cuya copia obra en nuestro poder, el 10 de julio de 2015 se llevó a cabo una reunión del llamado Grupo de Coordinación Morelos en las instalaciones del C5.
“… una vez que le tocó el turno al C. Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, presentó una serie de gráficas haciendo alusión a la situación en materia de seguridad en el Estado, concluyendo su intervención con el comentario siguiente: “… Que gracias a una funcionaria de tercera de la Fiscalía General del Estado, y que por su mala apreciación respecto a la comisión de los delitos que se registran en el Estado, se habían elevado las cifras; existiendo una diferencia considerable con las estadísticas registradas en la Comisión Estatal, manifestado (sic) que con la actitud de la referida funcionaria se corría el riesgo de poner en entredicho el proyecto de Seguridad del Mando Único en el Estado, así como de la participación y desempeño de las diversas instituciones federales y locales involucradas en la seguridad del Estado, y que era necesario que dicha Fiscalía ajustara las cifras reportadas para evitar tal situación”.
Pero esa no fue la primera vez que Capella expresó su intención de cambiar las cifras de la incidencia delictiva:
“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio del 2015, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el entonces fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia.
Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.
La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.
“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.
El tijuanense montó en cólera. “¿Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad?”, le espetó a la servidora pública.
“Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar”, intervino Rodrigo Dorantes. Ese fue el principio de una pugna al interior del gabinete de Graco Ramírez, misma que perdió el fiscal. Renunció al cargo el 30 de julio del 2015, no sin antes enviar una carta a los diputados del Congreso Local, donde externó su temor de que Alberto Capella Ibarra atentara contra su vida.
Rodrigo Dorantes fue sustituido por Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez e incondicional de Capella. Ese cambio encumbró al tijuanense, quien se convirtió prácticamente en fiscal y comisionado de Seguridad Pública al mismo tiempo. De hecho, el mismo día que se fue Dorantes, elementos de la Policía del Mando Único prácticamente tomaron por asalto las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia.
Una de las primeras áreas “aseguradas” fue la Dirección de Información Criminógena y Sistemas, donde se concentra la información sobre el número de denuncias que se reciben diariamente en las agencias del Ministerio Público de toda la entidad. En esa área de la Fiscalía fue designada como encargada de despacho Irma Teresita Lizama Guajardo, quien en ese momento aparecía en el directorio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública como integrante de la Dirección de Análisis de Información sobre Seguridad Pública.
Otro incondicional de Capella, de nombre Miguel Marín, asumió de inmediato la Coordinación de la Policía de Investigación Criminal, lo que lo convirtió en el hombre más poderoso de este estado.
Por eso es que, cuando ocurrió “la masacre de Temixco” (donde fallecieron seis personas, entre ellas un niño de 13 años y un bebé de dos meses), no pudieron hacerle nada.
Pero eso ya es materia de la siguiente columna.
HASTA MAÑANA.
