Ayer los habitantes de la ciudad de Cuernavaca amanecimos con la incertidumbre de no saber si pasaría el camión de la basura; el erario municipal con 37 millones de pesos menos, y el alcalde José Luis Urióstegui Salgado con el riesgo de que una jueza de distrito ordene su destitución por el desacato a una orden judicial.

Lo peor del caso es que el actual presidente municipal lleva apenas cuatro meses en el cargo, por lo tanto no es responsable de este desbarajuste. Los verdaderos culpables hoy se encuentran en la comodidad de sus casas disfrutando del dinero que obtuvieron a cambio de favorecer a otras empresas dedicadas a la recolección de la basura.

El conflicto tiene su origen en el año 2006, cuando el gobierno de Jesús Giles Sánchez decidió concesionar el servicio de recolección de basura, y luego de analizar varias propuestas, optaron por contratar a la persona moral denominada Promotora Ambiental de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable (PASA), habiéndose suscrito el título de concesión a favor de la empresa adjudicada con fecha 4 de abril del 2007.

Sin embargo, Manuel Martínez Garrigós, quien ganó las elecciones en 2009 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encaprichó en no aceptar a la empresa PASA, siendo que, como abogado que es, sabe que los contratos se tienen que cumplir o asumir las consecuencias.

Desde su campaña, MMG comentó en varias ocasiones que “PASA no pasa”, así que el tres de febrero del 2010 comenzó la operación para sacar a esa compañía de Cuernavaca. Ese día, la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento capitalino, emitió un boletín titulado: “Incumple PASA con la recolección de basura en Cuernavaca”.

El comunicado decía que “más de 20 toneladas de basura son dejadas a diario en las calles de Cuernavaca por la empresa concesionaria de recolección de estos residuos sólidos denominada PASA, lo que genera un costo mayor para el Ayuntamiento de Cuernavaca que tiene que disponer de personal, gasolina, equipo y vehículos para retirar de la vía pública lo que al mes implica 600 toneladas de desechos”, declaración atribuida al entonces secretario de Servicios Públicos Municipales, Alfredo Gutiérrez Trueheart.

A la par de los ataques en medios de comunicación, el Ayuntamiento priísta utilizó toda su infraestructura para encontrar pretextos que justificaran su verdadera intención. Fue así como el área de Protección Civil clausuró el relleno sanitario Loma de Mejía, luego de dos sospechosos incendios.

Claudia Aponte Mayse, entonces directora municipal de esa área, dijo haber encontrado 31 normas de protección civil y ambientales, las cuales fueron descubiertas tras dos incendios. Advirtió que estas irregularidades podrían ser motivo suficiente para suspender el contrato a PASA.

En el terreno político Manuel Martínez Garrigos también movió sus piezas. El diputado Gabriel Haddad Giorggi se deshizo en elogios para el novel presidente municipal:

“Manuel Martínez Garrigós es un valiente porque se enfrenta a intereses mezquinos que benefician a unos cuantos, pero que son por el bien de toda una sociedad”, dijo en un evento público en la colonia Cerritos.

Fue a principios de agosto del 2010 cuando se dio el rompimiento total entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la empresa PASA. Y es que Manuel Martínez encontró la fórmula perfecta para que la compañía incurriera en la cláusula del contrato que establece la rescisión del contrato cuando durante tres días no se realice la recolección de basura: no pagarle a PASA.

Así, el Ayuntamiento capitalino simplemente suspendió el pago a la empresa sin explicación alguna durante los meses de mayo, junio y julio. A falta de pago, PASA suspendió parcialmente sus labores y Manuel Martínez anunció la tan buscada rescisión del contrato.

Y es que, de acuerdo al multicitado contrato, son causas de revocación de la concesión el incumplimiento grave, imputable, reiterado y probado de la concesionaria, respecto de las obligaciones previstas en la concesión, y porque suspenda totalmente el servicio de recolección por más de tres días consecutivos o por más de cinco no consecutivos en un periodo de 30 días.

Sin embargo, el contrato se refiere a una suspensión del servicio por decisión de la empresa, no originada por la falta de pago.

Desde entonces (finales del 2010) se inició el litigio entre PASA y el Ayuntamiento de Cuernavaca en dos vertientes, la primera en un Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia exigiendo el cumplimiento del contrato firmado por el gobierno de Jesús Giles, y la segunda en el ámbito federal, a través de diversos amparos en Juzgados de Distrito para el cumplimiento de la resolución.

“Será un litigio largo y costoso, pero estamos seguros que nos asiste la razón, el derecho, pero sobre todo que tenemos la fuerza de la ciudadanía”, declaró Manuel Martínez Garrigós al anunciar la contratación del prestigiado abogado Juan Velázquez para representar al Ayuntamiento de Cuernavaca en este pleito legal. Un año después, tanto el alcalde como el abogado se retiraron del caso, el primero para ir en busca de la gubernatura del estado, y el segundo porque ya no le siguieron pagando.

Por la contraparte, el también prestigiado abogado Guillermo Pasquel Hernández sólo tuvo que tener paciencia e interponer los recursos que se fueran necesitando, pues sabía que tarde o temprano el Ayuntamiento de Cuernavaca tendría que responder por el incumplimiento de ese contrato.

Los demás alcaldes que sucedieron a Martínez Garrigós lo único que hicieron fue retrasar la ejecutoria para ganar tiempo y dejarle el paquete al siguiente presidente municipal. Irónicamente, el que ya no pudo o no quiso seguir evadiendo el pago, fue el abogado de profesión José Luis Urióstegui Salgado, a quien la Juez Quinto de Distrito Martha Eugenia Magaña López, advirtió que de no cumplir con la sentencia, sería destituido.

“No nos afecta perder el cargo, nos afecta que la ciudad padezca una contingencia de insalubridad, de mala imagen por tener montones de basura como ya lo vivimos. Nos afecta también que postergar el cumplimiento de esta sentencia genere un incremento en la deuda, por lo tanto, hemos tomado decisiones que van a permitir que el funcionamiento de los servicios públicos de Cuernavaca no se afecten, que las funciones, que los salarios de los trabajadores y servidores públicos del ayuntamiento no se afecten”, dijo en conferencia de prensa tras dar a conocer que se cumplirá al pie de la letra la resolución judicial.

Ahora lo interesante será saber quién o quiénes son los accionistas de la empresa PASA que recibirán esos 37 millones y cuánto le pagarán al abogado Guillermo Pasquel Hernández.

HASTA EL LUNES.