Es muy lamentable lo que está ocurriendo en muchas familias no sólo en Morelos sino a lo largo de todo el país, en las que los progenitores, ya sea padre o madre, son abandonados por los hijos, o lo que es peor: son despojados de sus bienes por quienes deberían velar por ellos en agradecimiento porque les dieron la vida, recurriendo al viejo truco legal de declararlos “en estado de interdicción”.
El caso que hoy les comentaremos, es solamente uno de muchos que están en litigio en los tribunales de Morelos, y que involucran a servidores públicos tanto del Poder Judicial del otrora Distrito Federal, de Morelos, como de la Fiscalía, mismos que requieren una especial atención por parte de las instancias encargadas de vigilar su actuación.
En el mes de marzo de 1999, José Abraham “N” junto con su padre, el Señor Abraham, en su domicilio amarró a su madre de nombre Cecilia “N”, y con ayuda de médicos que inyectaron a la señora, se la llevaron para internarla en un centro psiquiátrico de nombre “Villa Jacarandas”, para posteriormente promover el estado de interdicción de su madre en el juzgado vigésimo tercero familiar de lo que era el Distrito Federal, con expediente 467/99, Secretaría “A”, donde consiguió dicha declaración y con ello poder dejar fuera de la administración del Instituto Inglés Mexicano a su madre Cecilia “N”.
Posteriormente, llevó a su madre a un departamento en la Ciudad de México y finalmente a una casa de su propiedad en el municipio de Oaxtepec, Morelos; teniéndola alejada completamente de su familia y de sus nietos, aclarando que la señora Cecilia, ya se valía por su propia cuenta, para realizar una vida independiente, pero limitada y bajo la vigilancia de personal contratado por su hijo José Abraham “N”; quien en todo momento fue apoyado por su hermana María de la Luz “N”, maestra de la institución mencionada y alta directiva de dicha escuela bilingüe y que cuenta con más de 2000 alumnos.
La señora Cecilia “N” contrata los servicios del abogado Gerardo Arrieta Fuentes, quien inicia diferentes acciones legales en el mes de agosto del 2008, presentando denuncias por diversos delitos como: fraude, administración fraudulenta, amenazas, privación de libertad, entre otros, ante el Ministerio Público en el estado de Morelos y en el Distrito Federal; así como la “Cesación del Estado de Interdicción” ante el juez ya mencionado en el distrito federal. También se llevaron a cabo otras demandas del orden familiar para recuperar judicialmente su capacidad legal, sin precisar más información en virtud de que aún existen investigaciones en trámite.
Pero sí se puede informar que además de las acciones mencionadas, se promovió un juicio de garantías en los juzgados federales en el Distrito Federal, en donde se concedió el amparo de protección de la justicia federal, declarando nulo el estado de interdicción de la Señora María Cecilia a que nos hemos referido, no obstante, en la revisión interpuesta por los demandados, la ejecutoria de amparo fue confirmada a favor de María Cecilia.
Al terminar el amparo y perder el juicio, falleció el que fuera esposo de la Señora Cecilia “N”. José Abraham “N”, al darse cuenta de que perdió el juicio, decide utilizar el chantaje emocional para convencer a su madre y así impedir la rendición de cuentas y obvio no pida la devolución del dinero que le corresponde, ofreciéndole que ella sería la directora del Instituto Inglés Mexicano. Argumentando que todo fue planeado por su padre, quien ya había fallecido y que él fue presionado para actuar en contra de ella, ofreciéndole que la integraría nuevamente a su familia y que ya podría ver a sus nietos.
José Abraham “N” logra que el juicio entablado por el licenciado Gerardo Arrieta en razón del respectivo cobro de honorarios, se declare improcedente en primera instancia, y en la apelación los magistrados Miguel Ángel Falcón, Carlos Iván Arenas y Bertha Leticia Rendón Montealegre, confirman dicha resolución ignorando el total de las pruebas que se ofrecieron en juicio.
Entonces Gerardo Arrieta inició una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los funcionarios ya citados, pero se dictó auto de no ejercicio de la acción penal, es decir, que no había delito alguno qué perseguir.
Inconforme con el auto de no ejercicio, se solicitó audiencia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde el Juez de Control determina que los investigados cuentan con “fuero constitucional” y por tanto no pueden conocer del procedimiento, siguiéndose únicamente por lo que se refiere a Miguel Ángel Falcón, quien ya dejó de ser magistrado.
Según informes proporcionados por los actuales abogados de la Señora Cecilia que fue citada a justicia alternativa, manifiestan que la señora nuevamente ha sido separada de su familia.
Actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo para que se continúen las investigaciones, ya que la corrupción en que incurren algunos malos administradores de justicia, va en aumento y sigue imperando la corrupción en nuestro sistema judicial de Morelos.
Comenta el abogado Gerardo Arrieta Fuentes que le ha tocado enfrentar a un sistema judicial que se ha manejado específicamente con actos de corrupción al resolver con parcialidad en beneficio de quién ostenta el poder económico, aclarando que existen honrosas excepciones de magistrados y jueces que se distinguen por su conocimiento del Derecho y por su honestidad y que específicamente se refiere a los ya mencionados.
El licenciado Arrieta denunció a los funcionarios mencionados ante la Fiscalía Anticorrupción por Delitos cometidos contra la Administración de Justicia y dice que se inició en primer término con la sentencia que dicta una jueza en un juicio en el que se reclaman los honorarios profesionales del mencionado Arrieta Fuentes en el que se ofrecieron las pruebas documentales con sellos de recibido de Denuncia en el Ministerio Público de Yecapixtla que por razón de territorio le correspondía Oaxtepec que es donde se encontraba quien fuera su cliente, la señora Cecilia.
Asimismo, la denuncia presentada en el Distrito Federal por privación de libertad, fraude, y otros delitos, escritos donde es nombrado abogado patrono en Juzgados Familiares del Distrito Federal pidiendo se le restituyera en sus derechos para poder administrar sus bienes y oficios donde pide que cese el estado de interdicción, pruebas que no fueron tomadas en cuenta.
Quizás la jueza que resolvió ese asunto, y los magistrados que confirmaron la sentencia, nunca han litigado y por eso no les importó dejar sin ingresos a un abogado que puso toda su experiencia y capacidad legal, además de horas de trabajo, en la representación de una persona en estado de interdicción. Pero las magistraturas se acaban y quizás tengan que regresar a la postulancia, en esa inexorable rueda de la fortuna que es la vida.
HASTA EL PRÓXIMO LUNES.
